La ley para prevenir el desplazamiento forzado aprobada en 2022 por el Parlamento de Honduras representa un importante avance para proteger a las víctimas, indicaron este miércoles cuatro organizaciones internacionales, que aplaudieron la sanción de la normativa.

Se trata de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), que aplaudieron la «histórica» decisión de Honduras al promulgar la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas.

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La aprobación de la normativa representa «el más importante avance en este país para atender y proteger a las personas desplazadas internamente por la violencia», señalaron.

La ley, además de reconocer los derechos de las víctimas y establecer un marco jurídico para el restablecimiento de sus derechos, ayudará a implementar «mecanismos de prevención ante nuevos desplazamientos», según las cuatro organizaciones.

La Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia fue aprobada el 21 de diciembre de 2022 en el tercer debate.

La normativa es el resultado de «un gran compromiso de las autoridades», que con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales han logrado que su contenido esté alineado a estándares internacionales de protección, indicaron el CICR, NRC, ACNR y OACNUDH.

Lo anterior, agregaron, constituye «un hito nacional» en la protección de los derechos fundamentales de miles de personas hondureñas afectadas por la violencia generalizada.

Honduras reconoció en 2013 el desplazamiento forzado y más de 247.000 hondureños han tenido que abandonar su hogar, según cifras oficiales.

Las organizaciones internacionales consideran que la ley fortalecerá «los importantes avances» del Estado hondureño para la protección de los derechos de las personas y comunidades impactadas por la violencia.

Entre estos avances destacan los mecanismos de orientación, asistencia humanitaria y protección de derechos.

La normativa también prevé la generación de información para desarrollar políticas públicas que permitan atender las consecuencias del desplazamiento interno, según el comunicado.

La ley establece «responsabilidades y mecanismos de coordinación» de las instituciones estatales para prevenir las causas del desplazamiento interno, registrar y caracterizar a las víctimas, garantizar la restitución de derechos de las personas forzadas a huir, y proteger a las comunidades más afectadas por la violencia.

Las organizaciones firmantes del comunicado reconocen «los retos y desafíos» de implementar el marco legal de la ley, por lo que reiteraron a las autoridades, la sociedad civil y víctimas del desplazamiento forzado, su compromiso para apoyar al Estado en la elaboración del reglamento de la ley.

También organizar y fortalecer el sistema institucional responsable de su aplicación, y promover la consecución de recursos para materializar las medidas de protección y asistencia. (swissinfo.ch)

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