El Comité Interorganizacional contra el Abuso Sexual Infantil pidió al Congreso Nacional acelerar el dictamen y aprobación de la Ley para la Prevención, Detección Temprana y Atención Integral del Abuso Sexual en contra de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley CASI), al considerar que la violencia sexual contra menores requiere una respuesta inmediata del Estado.

Las organizaciones señalaron que el abuso sexual infantil constituye una grave violación de los derechos humanos y puede generar consecuencias que afectan el desarrollo integral de las víctimas y se prolongan hasta la vida adulta.

Advierten sobre magnitud del problema

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes de 2017, citados por el comité, se estima que 57 niñas sufren violencia sexual cada día en Honduras.

El pronunciamiento señala además que, durante los últimos cinco años, únicamente se habría registrado una denuncia por abuso sexual cada 3.2 horas, evidenciando una diferencia entre la violencia estimada y los casos que llegan a conocimiento de las autoridades.

Otro de los datos destacados es que siete de cada 10 casos ocurren dentro del entorno familiar, situación que, según las organizaciones, aumenta el riesgo de que las agresiones se prolonguen y dificulta que las víctimas puedan denunciarlas.

El comité considera que estas cifras muestran que las normas vigentes y las acciones institucionales todavía son insuficientes para garantizar una protección efectiva de niños, niñas y adolescentes.

Piden avanzar con la Ley CASI

Las organizaciones reconocieron la presentación del anteproyecto de la Ley CASI, impulsado por la diputada Alejandra Vallecillo, presidenta de la Comisión de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor del Congreso Nacional.

Como parte del proceso, solicitaron al Poder Judicial, Tribunal Superior de Cuentas y Secretaría de Finanzas emitir con prontitud las opiniones requeridas por el Congreso para evitar nuevos retrasos en la iniciativa.

Asimismo, pidieron al Legislativo dictaminar y aprobar la normativa con carácter urgente, mientras que a Finanzas solicitaron garantizar los recursos necesarios para su implementación.

El comité también demandó que las instituciones responsables, especialmente la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), asuman las funciones correspondientes para garantizar la aplicación efectiva de la normativa una vez que sea aprobada.

Las organizaciones sostuvieron que una respuesta integral requiere no solo una nueva legislación, sino también presupuesto, coordinación institucional, prevención, detección temprana y atención adecuada a las víctimas.