El presidente Nasry Asfura, confirmó este lunes el trágico asesinato del abogado Dereck Isaac McNeil James en Roatán, Islas de la Bahía.

El mandatario reveló un dato de alto impacto: la víctima ostentaba la condición de testigo protegido dentro del mediático expediente judicial por la desaparición de la joven Angie Peña.

La confirmación presidencial tuvo lugar el mediodía de este lunes durante una conferencia de prensa en las instalaciones de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) en Puerto Cortés. Asfura interrumpió el protocolo del evento para informar sobre el suceso: «En Roatán, hoy asesinaron a uno de los testigos protegidos del caso de Angie Peña; acabo de recibir la información. La Policía está dándole seguimiento al caso».

Detalles del crimen

Según reportes preliminares de los cuerpos de seguridad locales, McNeil James, quien también se desempeñaba como comerciante y exfuncionario judicial, fue emboscado a tempranas horas de la mañana.

El ataque ocurrió en el momento en que se conducía a bordo de su camioneta, minutos después de haber dejado a su hijo en un centro educativo de la zona. Sujetos armados desconocidos le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte de forma inmediata.

Testimonio del caso

El rol del profesional del derecho dentro de la investigación era considerado de suma relevancia para el Ministerio Público de Honduras. De acuerdo con los legajos del expediente, McNeil habría brindado declaraciones bajo la figura de prueba anticipada ante un juez competente.

En su testimonio, el abogado aseguró haber visto con vida a Angie Peña posterior a la fecha de su desaparición (ocurrida el 1 de enero de 2022). Además, aportó detalles sobre presuntas transacciones financieras ligadas a los sospechosos de operar la red criminal en la isla.

Debido a que su declaración ya fue validada judicialmente, las autoridades judiciales explicaron que su fallecimiento no anula el valor legal de su testimonio dentro de la causa.

Seguridad de testigos

El hecho criminal ha encendido las alarmas y revivido la controversia pública en torno a la efectividad de las medidas de seguridad estatales.

Por su parte, el viceministro de Seguridad, Rommel Martínez, se limitó a señalar que la administración de los esquemas de protección recae estrictamente sobre el Ministerio Público y no en la Secretaría de Seguridad.

Informes iniciales señalan que, pese a la criticidad del caso, la víctima no contaba con un cuerpo de resguardo físico permanente.

Actualmente, equipos especializados de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ejecutan operativos y cierres de calles en Roatán con el objetivo de identificar a los autores materiales e intelectuales, así como determinar si el móvil se encuentra directamente relacionado con las revelaciones del caso de trata de personas.