¿Quién pagará y quién decidirá? Las claves de las nuevas alianzas público-privadas en Honduras
El Gobierno de Honduras reorganizó el sistema de alianzas público-privadas (APP), un mecanismo que permite desarrollar proyectos de infraestructura y servicios mediante acuerdos entre el Estado y empresas privadas. Sin embargo, más allá de los cambios administrativos, surgen preguntas importantes: ¿quién seleccionará las inversiones, de dónde saldrá el dinero y qué obligaciones podrían asumir los hondureños?
– El presidente Nasry Asfura encabezará el Consejo Superior de Alianzas Público-Privadas, mientras una nueva unidad técnica se encargará de preparar, evaluar y adjudicar proyectos. Todavía no se han precisado los montos destinados a su funcionamiento ni la cartera de obras que tendrá prioridad.
La reorganización quedó establecida mediante el Decreto Ejecutivo PCM-021-2026, que contempla la creación de la Unidad Técnica Especializada en Proyectos APP (UTEP-APP), adscrita a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
Aunque la medida ya fue anunciada, su importancia está en las decisiones que deberán adoptarse posteriormente: qué proyectos se desarrollarán, bajo qué condiciones se contratarán y cómo se garantizará el uso adecuado de los recursos públicos.
¿QUÉ ES UNA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA?
Una APP es un acuerdo mediante el cual el Estado y una empresa privada participan en el desarrollo de una obra o la prestación de un servicio.
Dependiendo del contrato, la empresa puede encargarse del financiamiento, la construcción, la operación o el mantenimiento de un proyecto durante un período determinado.

A cambio, puede recibir pagos del Gobierno, ingresos procedentes de tarifas cobradas a los usuarios u otras formas de remuneración previstas en el contrato.
Esto significa que una inversión público-privada no necesariamente representa una obra gratuita para el Estado.
Su costo dependerá de las condiciones acordadas, la distribución de riesgos y las obligaciones financieras que se establezcan.
¿QUIÉN DECIDIRÁ LOS PROYECTOS?
La nueva estructura coloca al presidente Nasry Asfura al frente del Consejo Superior APP, integrado por representantes de siete dependencias gubernamentales.
Entre ellas figuran la Presidencia de la República, Infraestructura y Transporte, Finanzas, Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Ambiente, la asesoría presidencial en Promoción de Inversiones y la dirección ejecutiva del Ferrocarril Interoceánico.
El Consejo tendrá responsabilidades de dirección y coordinación, mientras la UTEP-APP realizará tareas técnicas relacionadas con la evaluación, selección, estructuración y adjudicación de iniciativas.
La nueva unidad deberá contar con una organización interna aprobada por la SIT dentro del plazo de 60 días calendario establecido en el decreto.
El Consejo deberá reunirse al menos una vez cada tres meses, aunque podrá convocar sesiones extraordinarias.
¿QUIÉN VIGILARÁ LAS CONTRATACIONES?
Uno de los aspectos relevantes de la reorganización es la participación de sectores ajenos al Gobierno.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) y representantes de la sociedad civil podrán participar en las sesiones con derecho a voz, pero sin voto.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) también podrá intervenir como observadora.
Sin embargo, la participación de estos sectores no equivale necesariamente a tener facultades para aprobar, rechazar o fiscalizar los contratos.
Por ello, una de las preguntas pendientes es cómo se garantizará la transparencia en los procesos de selección de empresas y la publicación de las condiciones de cada proyecto.
¿DE DÓNDE SALDRÁ EL DINERO?
El decreto contempla recursos para el funcionamiento de la unidad técnica y la Secretaría Técnica del Consejo Superior APP.
La Secretaría de Finanzas deberá garantizar el financiamiento correspondiente, mientras se establecerán mecanismos para cubrir los gastos de preparación de proyectos.
Estos fondos de preinversión podrán utilizarse para estudios de factibilidad, diseños de ingeniería, preparación de licitaciones, negociaciones y gestiones para obtener financiamiento.
No obstante, la información divulgada no precisa cuánto dinero recibirá la nueva estructura ni cuáles serán las fuentes específicas de financiamiento de cada proyecto.
Tampoco se ha presentado una lista definitiva de obras priorizadas.
¿QUÉ GANARÁN LOS HONDUREÑOS?
El principal argumento a favor de las alianzas público-privadas es que permiten incorporar inversión y capacidades del sector privado al desarrollo de infraestructura y servicios públicos.
Dependiendo de las iniciativas seleccionadas, este mecanismo podría contribuir a ejecutar proyectos que requieren inversiones elevadas.
Sin embargo, sus beneficios no pueden darse por garantizados antes de conocer las condiciones contractuales.
Para evaluar su impacto será necesario determinar cuánto costará cada obra, quién asumirá los riesgos, cómo se recuperará la inversión privada y si existirán tarifas o pagos públicos durante los años de operación.
También deberá conocerse si los contratos comprometerán recursos de futuros presupuestos nacionales.
LAS PREGUNTAS QUE EL GOBIERNO DEBE RESPONDER
La creación de la UTEP-APP establece una nueva estructura administrativa, pero deja pendientes decisiones fundamentales para conocer su alcance económico.
Entre las principales interrogantes están el presupuesto que manejará la unidad, los proyectos que serán seleccionados, las empresas que podrán participar y los mecanismos para supervisar las adjudicaciones.
Otro aspecto será determinar cómo se distribuirán los riesgos entre el Estado y los inversionistas privados, especialmente cuando se trate de proyectos que requieran garantías gubernamentales o pagos durante varios años.
En definitiva, el debate sobre las alianzas público-privadas no se limita a quién dirigirá la nueva estructura. La cuestión central será conocer qué obras se ejecutarán, cuánto costarán y qué beneficios concretos recibirán los hondureños frente a las obligaciones que pueda asumir el Estado.
