El excanciller Eduardo Enrique Reina reabrió un debate político y jurídico al cuestionar la legalidad de los procesos de separación de embajadores y cónsules que actualmente enfrenta el Gobierno, generando respuestas inmediatas desde sectores nacionalistas y del ámbito legal que lo acusan de incoherencia y de haber aplicado prácticas similares durante su gestión.

Reina afirmó que cualquier decisión relacionada con la remoción de funcionarios del servicio exterior debe realizarse “bajo el imperio de la ley”, recordando que un llamado a poner cargos a disposición no equivale a una destitución automática.

Sostuvo que la Constitución, los convenios internacionales, el Código del Trabajo, la Ley de Servicio Civil y la Ley del Servicio Exterior protegen los derechos laborales de los diplomáticos.
Advirtió que las circulares administrativas no pueden imponerse por encima de la normativa:
“Son nulos los actos que impliquen renuncia o restrinjan derechos. No todo puede imponerse con fuerza o autoritarismo.”

Sus declaraciones surgieron luego de que algunos embajadores y cónsules se resistieran a entregar sedes diplomáticas, generando tensiones internas en el servicio exterior.

Midence lo acusa de contradicción

El presidente de la Juventud del Partido Nacional, Cristian Midence, cuestionó la coherencia del excanciller y recordó que, al inicio del actual gobierno, se pidió a todos los jefes de misión poner sus cargos a disposición.

“Cuando ustedes les dieron tres días a todos los embajadores para poner su cargo a disposición, ¿qué implicaba?”, escribió en X, sugiriendo que Reina critica ahora un procedimiento que él mismo habría aplicado.

Ponce eleva el debate a derechos humanos

La exfiscal y abogada Sandra Ponce fue más directa y acusó a Reina de haber cometido despidos políticos ilegales durante su gestión.

Afirmó que el Convenio 111 de la OIT prohíbe destituir por razones políticas y aseguró que el excanciller habría despedido “a una centena de servidores”, lo que constituiría delito de discriminación según la legislación hondureña.
Añadió que esos casos estarían documentados ante la CIDH, llevando la discusión del terreno político al jurídico y de derechos humanos.

Un conflicto que revive viejas tensiones

El cruce de declaraciones expone que la disputa por el control del servicio exterior no solo es administrativa, sino también política.
Las críticas contra Reina apuntan a que el Gobierno estaría enfrentando ahora las mismas tensiones que generó al inicio de su mandato, mientras el excanciller insiste en que la ley debe prevalecer sobre cualquier instrucción administrativa.

El tema vuelve a colocar bajo la lupa la forma en que Honduras gestiona los cambios en su cuerpo diplomático y los límites legales para remover a funcionarios en el exterior.