La Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción ratificó este lunes la medida de prisión preventiva contra el extitular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Gabriel Rubí Paredes, acusado de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.

El tribunal declaró «no ha lugar» al recurso de apelación interpuesto por la defensa del exfuncionario.

Rubí es investigado por su presunta participación en irregularidades relacionadas con la compra de ventiladores mecánicos durante la pandemia del COVID-19. Según la acusación presentada por el Ministerio Público, los equipos adquiridos nunca fueron utilizados debido a que estaban incompletos al momento de su recepción y carecían de los accesorios necesarios para su funcionamiento.

Sin embargo, el contrato fue valorado en 63 millones 839 mil 377.80 lempiras, lo que levantó sospechas de posible corrupción.

Irregularidades en la compra

El requerimiento fiscal señala que la compra de los ventiladores no cumplió con los estándares técnicos ni las especificaciones necesarias para atender emergencias médicas durante la pandemia.

Además, se presume que los equipos no fueron inspeccionados adecuadamente antes de ser aceptados, lo que habría resultado en un perjuicio económico significativo para el Estado.

Este caso forma parte de una serie de investigaciones que han salido a la luz tras las denuncias de malversación de fondos públicos destinados a la emergencia sanitaria.

La gestión de Copeco durante la pandemia ha sido cuestionada por múltiples irregularidades, y el caso de los ventiladores es uno de los más emblemáticos.

Defensa sin éxito

La defensa legal de Gabriel Rubí intentó revertir la medida cautelar de prisión preventiva argumentando que no existen elementos suficientes para mantenerlo detenido. Sin embargo, la Corte de Apelaciones determinó que los indicios presentados por la Fiscalía son consistentes y justifican la continuidad de la medida mientras avanza el proceso judicial.

Tras la decisión, Rubí permanecerá recluido en el centro penitenciario asignado, a la espera de nuevas resoluciones en su caso. Su situación ha generado debate público sobre la transparencia en el manejo de recursos durante la emergencia sanitaria y la responsabilidad de los funcionarios involucrados.

Un caso más en la lucha contra la corrupción

La ratificación de la prisión preventiva a Gabriel Rubí refuerza el compromiso de las autoridades hondureñas de avanzar en la investigación de casos de corrupción vinculados a la pandemia del COVID-19.

Este caso se suma a otros procesos judiciales en los que exfuncionarios y empresarios enfrentan cargos por el desvío de fondos públicos destinados a la atención de la emergencia sanitaria.

Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil y sectores de la población han exigido mayor transparencia y sanciones ejemplares para quienes resulten responsables de actos de corrupción durante uno de los momentos más críticos en la historia reciente del país.

La decisión de la Corte de Apelaciones envía un mensaje claro: cualquier intento de evadir la justicia será evaluado rigurosamente, y las medidas cautelares se mantendrán mientras existan indicios sólidos de responsabilidad penal.