Las autoridades hondureñas reforzaron las operaciones policiales en el departamento de Yoro para desarticular la estructura criminal conocida como el Cártel del Diablo, mientras el Plan Escudo Nacional acumula 84 detenidos por asociación terrorista, informó el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez.

El funcionario anunció nuevas intervenciones en la zona y aseguró que las fuerzas de seguridad esperan obtener resultados en las próximas horas.

De acuerdo con Velásquez, más de 30 presuntos integrantes del Cártel del Diablo han sido capturados durante los últimos meses por su supuesta vinculación con asesinatos, asociación terrorista y otros delitos.

CONTINÚA LA BÚSQUEDA DE EL DIABLO

El ministro reconoció que varios cabecillas de la organización permanecen prófugos, entre ellos el supuesto líder conocido como El Diablo.

Explicó que las recientes reformas penales permiten ampliar las investigaciones hacia personas que presuntamente colaboran con estas estructuras criminales.

Las operaciones buscan identificar a sus dirigentes, integrantes y redes de apoyo.

PLAN ESCUDO NACIONAL REGISTRA 84 DETENIDOS

Velásquez informó que el Plan Escudo Nacional contabiliza 84 personas detenidas por asociación terrorista.

Según el funcionario, los sospechosos han sido sometidos a procesos judiciales y trasladados a centros penitenciarios de máxima seguridad.

Las autoridades preparan nuevas capturas como parte de las acciones contra organizaciones criminales en diferentes regiones del país.

DESALOJOS DE TIERRAS ENFRENTAN OBSTÁCULOS

En relación con las invasiones de propiedades, el titular de Seguridad explicó que los desalojos requieren órdenes judiciales y condiciones para que los propietarios recuperen sus terrenos.

Mencionó la finca Panamá, en el Bajo Aguán, donde ya se ejecutó un desalojo, pero cuyos propietarios todavía no han retomado el inmueble por preocupaciones relacionadas con la seguridad.

Velásquez también señaló que las autoridades investigan una presunta infiltración de organizaciones criminales en determinadas estructuras vinculadas con conflictos agrarios.

Aseguró que existen otros desalojos pendientes y que las nuevas disposiciones legales facilitarán las actuaciones contra posibles responsables de delitos.

BUSCAN REDUCIR LA EXTORSIÓN

El ministro reconoció que la extorsión continúa afectando a comerciantes, transportistas y otros sectores de la población.

Identificó a las maras y pandillas como principales estructuras vinculadas con este delito, aunque advirtió que también existen personas que utilizan sus nombres para intimidar y exigir dinero.

Velásquez aseguró que durante los primeros 30 a 40 días de aplicación de las nuevas medidas legales se ha observado una reducción de indicadores relacionados con la extorsión.

Sin embargo, no proporcionó cifras específicas que permitan establecer el porcentaje de disminución.