Los tatuajes relacionados con la Pandilla 18, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el denominado Cártel del Diablo podrán ser utilizados como indicios probatorios en investigaciones sobre la posible pertenencia de personas a estas organizaciones criminales, informó el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez.

– El funcionario aclaró que portar tatuajes no constituye por sí solo una prueba de participación en actividades delictivas y que las autoridades deberán realizar investigaciones para establecer posibles vínculos criminales.

Velásquez explicó que los cuerpos policiales cuentan con equipos especializados en peritaje y análisis de tatuajes, encargados de identificar símbolos y distintivos asociados con estructuras delictivas.

El ministro señaló que las autoridades han detectado casos de presuntos integrantes de pandillas que intentan ocultar sus tatuajes originales mediante nuevos diseños, una práctica que requiere análisis especializados para determinar su posible significado.

Asimismo, reiteró que los ciudadanos tienen libertad de tatuarse cualquier parte del cuerpo y que la existencia de una marca corporal no implica automáticamente pertenencia a una organización criminal.

HABILITAN 820 ESPACIOS PARA RECLUSOS

En otro tema, Velásquez informó que el sistema penitenciario hondureño habilitó aproximadamente 820 nuevos espacios de reclusión para integrantes de organizaciones criminales, como parte de la aplicación de las reformas legales que declaran a las pandillas como asociaciones terroristas.

El funcionario detalló que, aunque las reformas fueron aprobadas en mayo de 2026, su implementación comenzó el 21 de septiembre, después de realizar adecuaciones en diferentes centros penitenciarios.

Entre los establecimientos intervenidos mencionó las cárceles de El Porvenir, Morocelí y Támara, donde se acondicionaron áreas de máxima seguridad para recibir a nuevos detenidos.

EVALÚAN CONSTRUCCIÓN DE NUEVA CÁRCEL

Pese a la habilitación de los 820 cupos, el titular de Seguridad reconoció que Honduras necesita ampliar su infraestructura penitenciaria para atender la demanda de espacios de reclusión.

En ese sentido, anunció que las autoridades analizan tres terrenos estatales para la posible construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad.

Las propiedades consideradas se encuentran en La Acequia, Santa Bárbara; en el municipio de Yoro, donde existe un terreno perteneciente a la Policía Nacional; y en el departamento de Colón.

Velásquez indicó que los tres terrenos reúnen condiciones mínimas para desarrollar el proyecto, aunque todavía se encuentran en proceso de evaluación.

La iniciativa forma parte de las medidas que impulsa la Secretaría de Seguridad para fortalecer la capacidad penitenciaria y enfrentar a las estructuras criminales que operan en el país.