Una investigación del medio ICN reveló presuntas irregularidades en una licitación pública superior a 112 millones de lempiras destinada a la compra de uniformes y accesorios para la Policía Nacional de Honduras, adjudicada a una empresa que opera como un negocio de venta de ropa usada en Tegucigalpa.

Según la investigación, el establecimiento funciona entre estantes de prendas de segunda mano y se ubica en las cercanías del aeropuerto Toncontín.

Contrato incluye uniformes y equipo policial

La licitación SEDS-LPN-GA-2025-029 contemplaba la adquisición de 20 tipos de prendas y accesorios, entre ellos pantalones tácticos, camisas, gorras, parches y distintivos para los agentes policiales.

El proceso habría sido adjudicado durante los últimos días de gestión del entonces secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez.

Cuatro empresas participaron en el concurso, pero la compañía señalada obtuvo la adjudicación con una oferta de 112.5 millones de lempiras, luego de que la empresa con la propuesta más baja fuera declarada inadmisible por incumplimientos documentales y técnicos.

Surgen dudas sobre capacidad financiera

La investigación señala que uno de los principales cuestionamientos gira en torno al requisito financiero exigido en el pliego de condiciones, que establecía demostrar acceso inmediato a recursos equivalentes al 50 % del valor ofertado.

De acuerdo con el expediente, la Comisión Evaluadora solicitó aclaraciones adicionales sobre la línea de crédito presentada por la empresa y posteriormente realizó consultas a una institución bancaria, que confirmó la posibilidad de acceder al financiamiento bajo determinadas condiciones.

Sin embargo, dichas aclaraciones fueron obtenidas más de un mes después de la apertura de las ofertas, lo que, según la investigación, genera dudas sobre si la empresa recibió un trato diferente al establecido inicialmente en el proceso.

También cuestionan capacidad operativa

Además del aspecto financiero, la investigación expone interrogantes sobre la capacidad logística y operativa del negocio para ejecutar un contrato superior a 112 millones de lempiras.

Aunque la visita al establecimiento no constituye una prueba de incumplimiento, ICN sostiene que el tamaño y funcionamiento del negocio plantean dudas sobre su capacidad para abastecer un suministro de esa magnitud.