El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) detectó irregularidades en 13 expedientes judiciales que permitieron ejecutar embargos contra la Cuenta Única del Estado y provocaron un perjuicio económico de L32.5 millones, según el Informe Especial No. 002-2026-DGSD-CSJ-C.

La investigación, practicada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por hechos relacionados con los ejercicios fiscales 2024 y 2025, determinó que los expedientes fueron presentados como supuestas demandas laborales contra la Alcaldía Municipal de Choluteca.

El mecanismo se habría ejecutado mediante exhortos, comunicaciones mediante las cuales un juez solicita a otro de una jurisdicción diferente realizar determinada actuación procesal. Sin embargo, el TSC encontró que los documentos utilizados carecían de respaldos fundamentales, entre ellos acuerdos conciliatorios y autos de ejecución de embargo.

Juzgado de Choluteca desconoció los documentos

Uno de los principales hallazgos surgió cuando el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca desconoció la emisión de los 13 exhortos, así como las firmas, sellos y actuaciones que aparecían atribuidas a ese órgano judicial.

Las verificaciones determinaron que algunos números de expediente pertenecían realmente a procesos contra empresas privadas, otro correspondía a un proceso contra la Municipalidad de Choluteca pero presentaba modificaciones en las partes y la cuantía, mientras que otros simplemente no existían en los registros judiciales.

Según las conclusiones de la investigación, los documentos fueron considerados “totalmente falsos”.

El dinero terminó en cheques de caja

Los exhortos permitieron ordenar embargos sobre la Cuenta Única del Estado en el Banco Central de Honduras (BCH). Posteriormente, los recursos fueron trasladados a una cuenta judicial del Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán.

Desde esa cuenta se emitieron cheques de caja a favor del abogado que aparecía como apoderado legal de la supuesta parte demandante.

El monto total desembolsado alcanzó L32,545,791.88, cifra que el TSC establece como perjuicio económico ocasionado al Estado.

La investigación también identificó actuaciones de particulares, profesionales del derecho, funcionarios y servidores judiciales vinculados con la presentación, recepción, trámite, ejecución y pago de los embargos.

El informe concluye que existen indicios de responsabilidad penal, por lo que el caso trasciende las irregularidades administrativas y coloca bajo investigación el mecanismo mediante el cual documentos presuntamente falsos terminaron permitiendo la salida de más de 32 millones de lempiras de fondos públicos.