Tegucigalpa, Honduras – Una nueva controversia sacude a la Secretaría de Seguridad de Honduras tras revelarse que se destinaron 40 millones de lempiras para adquirir la mayoría accionaria del Club Deportivo Génesis, en un contexto de creciente violencia y demandas ciudadanas por mayor seguridad.

La operación, calificada como opaca e improcedente, ha generado indignación por desviar recursos de las prioridades de la Policía Nacional.

La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, se pronunció enérgicamente, responsabilizando directamente al ministro Gustavo Sánchez. “Él toma decisiones de política de seguridad sin consultar a nadie.

Al viceministro Hugo Suazo, yo le aseguro, tampoco se le consultó”, afirmó Villanueva, quien cuestionó el uso de aportes voluntarios de los policías, destinados originalmente a necesidades como clínicas y clubes policiales, pero canalizados a través de una ONG para financiar el equipo de fútbol.

Villanueva reveló que Héctor Sánchez Pérez, hermano del ministro, habría realizado un pago de cuatro millones de lempiras a la Federación de Fútbol de Honduras (FENAFUTH).

“Esto genera suspicacia y es un claro abuso de autoridad. Se debe investigar si el uso de estos fondos viola la ley”, advirtió, sugiriendo incluso la posibilidad de lavado de activos.

La viceministra denunció que los agentes policiales son obligados a asistir a los partidos del equipo para simular apoyo popular, en lugar de priorizar inversiones en modernización de clínicas, agua en las postas, chalecos y uniformes. “Estamos perdiendo el sentido.

Si quiero un equipo de fútbol, lo hago al salir de la Secretaría”, expresó.

Villanueva anunció que presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República y exhortó a los mandos policiales a “tomar valor” y pronunciarse, a pesar del temor a represalias.

“Esta es una institución jerarquizada, pero también revestida de honor”, señaló, cuestionando la inacción de la junta directiva.

El ministro Gustavo Sánchez no ha emitido declaraciones oficiales, mientras crecen las demandas por una auditoría urgente y transparencia en el manejo de los fondos policiales. La polémica resalta la desconexión entre las decisiones de la Secretaría de Seguridad y las necesidades urgentes de combatir la inseguridad en Honduras.