San José. – Xiomara Castro asumió la presidencia de Honduras con una señal hacia la casta militar y policial interna y al narcotráfico: designó secretario de Defensa a un sobrino político —el civil José Manuel Zelaya Rosales— que garantiza lealtad familiar, y de Seguridad a un policía en retiro —Ramón Antonio Sabillón Pineda— que goza de total confianza de la DEA, agencia antidroga de Estados Unidos. 

Zelaya Rosales será enlace directo de la presidenta con el poderoso e influyente sector castrense hondureño que, en 2009 y precisamente contra el entonces presidente José Manuel Zelaya Rosales, tío del nuevo secretario y esposo de Castro, protagonizó el más reciente golpe de Estado que se registra en la historia de las asonadas militares en América Latina y el Caribe. 

El secretario de Defensa es hijo de Carlos Zelaya Rosales, cuñado de Castro y hermano del hombre que inauguró su gobierno el 27 de enero de 2006 y que, encañonado por los fusiles de una tropa de las Fuerzas Armadas de Honduras, fue obligado a salir en piyamas con su esposa de la mansión presidencial en Tegucigalpa al amanecer del 28 de junio de 2009, para poner fin a su controversial mandato. 

El nuevo secretario de Seguridad se consolidó desde 2013 como pieza leal a la DEA y a la embajada de EU en Honduras. 

Perseguido y con riesgo a su integridad, Sabillón debió salir en 2016 de Honduras hacia EU, vía Nicaragua y Costa Rica, tras caer en desgracia con el entonces presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, por conducir una operación policial secreta con agentes de la DEA que, en octubre de 2014, permitió desmantelar al cártel de los Valle Valle, uno de los más poderosos de Honduras. 

Sabillón confió a EL UNIVERSAL en 2015 en una entrevista en Tegucigalpa que ejecutó el operativo como director general de la Policía Nacional de Honduras y que, por temor de que una filtración alertara a los hermanos Valle Valle —aliados del cártel de Sinaloa, México— y evitara su captura para su extradición a EU, se abstuvo de informar a Hernández. Los Valle operaron en zonas del occidente de Honduras fronterizas con Guatemala. 

Como jefe policial de diciembre de 2013 a diciembre de 2014, Sabillón entró en choque con Hernández y conoció los entretelones de la penetración militar, policiaca, política, partidista y empresarial del narcotráfico. A finales de 2014 se acuarteló para oponerse a la militarización policial y, sin éxito, resistir su destitución ordenada por el gobernante. 

Sabillón regresó a Honduras el pasado 2 de enero, tras permanecer en un autoexilio en EU. “Debe haber un cambio drástico en la seguridad de este país”, advirtió Sabillón ese día en conferencia de prensa. 

 “Nadie que haya infringido una normativa, mucho menos del crimen organizado, debe escapar de la justicia”, aseveró, al confirmar que se indagará el supuesto nexo de efectivos policiales con redes criminales. Uno de los principales problemas de la violencia, la inseguridad y la criminalidad en Honduras es la corrupción de sus estamentos de seguridad. 

Castro juró antes del mediodía en una ceremonia en Tegucigalpa para gobernar en el cuatrienio de 2022 a 2026 como la primera presidenta de Honduras, en un escenario de pobreza, crisis socioeconómica e institucional, inseguridad y constante migración irregular a México y EU. 

Civiles y en retiro 

Las designaciones en Defensa y Seguridad son cruciales para un país que, como Honduras, se consolidó desde la década de 1980, y con intensidad en el siglo XXI, como una plataforma vital del contrabando internacional de drogas de Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú hacia México y EU, vía Centroamérica. La corrupción militar y policial en Honduras activó las alarmas en EU. 

Honduras fue gobernada, de 2010 a 2012, por tres gobiernos del ahora opositor Partido Nacional. Porfirio Lobo, presidente de 2010 a 2014, tiene a un hijo —Fabio— que fue detenido por la DEA en 2015 en Haití por narcoactividad y condenado, en 2017 en Nueva York, a 24 años de cárcel. 

En julio de 2016, y acorralados por las pruebas que EU acumuló sobre su nexo con el cártel de Sinaloa, una de las mafias mexicanas del narcotráfico con mayor presencia en Centroamérica, seis policías hondureños aceptaron una entrega voluntaria a la justicia estadounidense para evitar la extradición y quedaron presos en Nueva York por conspirar para traficar drogas en alianza con el hijo de Lobo. 

Los seis fueron acusados en junio de 2016 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y por la DEA de cobrar 1.8 millones de dólares en 2014 al cártel de Sinaloa para llevar cocaína a EU en asocio con Lobo hijo. 

Hernández fue presidente en dos periodos consecutivos —2014 a 2018 y 2018 a 2022— y su hermano, Tony, cayó preso en Miami, Florida, por cargos de narcotráfico y sentenciado en 2021 en Nueva York a cadena perpetua y 30 años más de cárcel. 

“En el nombramiento en Defensa se entiende que hay una afiliación familiar [de Castro]”, explicó la abogada hondureña Arabeska Sánchez, consultora independiente y especialista en seguridad y violencia. 

“Defensa es uno de los cargos de extrema y mayor confianza en el gabinete. Se sabía que, a diferencia del gobierno anterior, en ese puesto iba a ser nombrado un civil. En los últimos 12 años fue ejercido por un militar”, relató Sánchez a este diario. 

“Con Sabillón tenemos el perfil de un policía en retiro y que pertenece a la reserva inmediata de la Policía. La secretaría de Seguridad generalmente había sido ejercida por civiles y ahora por un ex policía de carrera”, indicó. 

Tras subrayar que el perfil de ambos secretarios está regido por la Constitución Política, la experta puntualizó que el de Defensa “rige la política de defensa”, mientras que el jerarca de las Fuerzas Armadas “rige la política militar: hay dos funciones diferentes entre el civil y el uniformado”. Sobre el de Seguridad, mencionó que conducirá “la política de seguridad, mientras que el director de la Policía rige la política de la Policía como uniformado de carrera». (El Universal/José Meléndez)