El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró este jueves que el proceso de juicio político que derivó en la destitución de varios funcionarios se desarrolló conforme a la Constitución y con pleno respeto a las garantías del debido proceso.

El titular del Legislativo sostuvo que las decisiones adoptadas por el Congreso estuvieron respaldadas por la ley y rechazó las acusaciones de persecución política formuladas por dirigentes del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Defiende las destituciones

Zambrano recordó que durante administraciones anteriores también se promovieron juicios políticos, aunque en ese momento no se contaba con los votos necesarios para aprobarlos.

«La izquierda presentó más de 15 juicios políticos cuando fue gobierno y nunca tuvo los votos. Hoy ya teníamos los votos y fueron destituidos los que abusaron de la ley», manifestó.

Según el presidente del Congreso, los funcionarios separados de sus cargos fueron removidos por presuntos abusos de poder y actuaciones que, a su criterio, afectaron el proceso democrático del país.

Respuesta a la CIDH será documental

En relación con la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Zambrano confirmó que el Estado hondureño presentará su defensa mediante documentación y pruebas escritas, sin enviar una representación presencial.

Indicó que el Congreso Nacional puede remitir toda la información relacionada con el proceso, al considerar que lo que se tramita ante la CIDH corresponde a una denuncia y no a un juicio.

Asimismo, señaló que aún está pendiente definir cuál será el papel del Congreso Nacional y de la Procuraduría General de la República (PGR) dentro de la estrategia de defensa.

El congresista también recordó que los exfuncionarios destituidos pueden recurrir a la Corte Suprema de Justicia mediante recursos de amparo si consideran que sus derechos fueron vulnerados.

Pide acuerdos para reformar la ENEE

Durante sus declaraciones, Zambrano también se refirió a la reforma del sistema eléctrico y afirmó que el Congreso continúa buscando consensos con la bancada del Partido Liberal para aprobar la iniciativa.

El presidente del Legislativo insistió en que el proyecto no contempla la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), sino que busca modernizar la institución, reducir las pérdidas financieras, mejorar la calidad del servicio y ofrecer tarifas más accesibles para la población.