El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, destacó la aprobación de un paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal que contempla sanciones más severas contra las maras, pandillas y estructuras vinculadas con actividades terroristas en Honduras.

El titular del Legislativo calificó la decisión como un acontecimiento histórico y aseguró que las modificaciones buscan fortalecer la respuesta del Estado frente a delitos como extorsión, secuestro, asesinato y desplazamiento de familias.

“Es un día histórico, que marca un antes y un después en la lucha contra la delincuencia, maras y pandillas, que grave daño le han causado al pueblo hondureño”, manifestó Zambrano.

PENAS DE HASTA 40 AÑOS Y CADENA PERPETUA

Según lo anunciado por el presidente del Congreso, las reformas contemplan penas de hasta 40 años de prisión por delitos relacionados con terrorismo.

También mencionó disposiciones de prisión perpetua para determinados responsables de estructuras criminales y casos vinculados con el reclutamiento de menores de edad.

El alcance específico de estas sanciones deberá establecerse conforme al texto definitivo de las reformas aprobadas.

Zambrano sostuvo que el endurecimiento de las penas forma parte de una estrategia para enfrentar a organizaciones criminales que mantienen bajo amenazas a comunidades hondureñas.

NUEVE DIPUTADOS LIBERALES NO APOYARON REFORMAS

El presidente legislativo indicó que este paquete constituye la cuarta iniciativa de reformas penales impulsada durante la actual gestión del Congreso Nacional.

Explicó que las tres anteriores fueron aprobadas por unanimidad, mientras que en la última nueve diputados del Partido Liberal no acompañaron la propuesta.

Aseguró que existe voluntad política para fortalecer el trabajo de los operadores de justicia y combatir las actividades de las estructuras criminales.

BUSCAN RECUPERAR LA TRANQUILIDAD

“Lo que queremos es que Honduras recupere la paz y la tranquilidad, que ya no viva con miedo”, expresó Zambrano.

El legislador afirmó que las reformas pretenden contribuir a que las familias puedan utilizar los espacios públicos y desarrollar sus actividades sin temor a la delincuencia.

La aplicación de las nuevas disposiciones dependerá de su contenido definitivo, publicación y entrada en vigor conforme al procedimiento legal correspondiente.