Honduras prepara una nueva fase de su estrategia contra el crimen organizado. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) acordó declarar como asociaciones terroristas a tres estructuras criminales, acompañando la decisión con cambios penitenciarios, tribunales especializados y mayor despliegue de fuerzas de seguridad.

La decisión fue adoptada durante la reunión del CNDS celebrada la noche del 18 de septiembre en Casa Presidencial, encabezada por el presidente Nasry Asfura y con participación de autoridades de los poderes del Estado y organismos de seguridad y justicia.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, amplió este sábado en El Progreso, Yoro, los alcances de las decisiones. Hasta ahora, las autoridades no han identificado públicamente cuáles son las tres estructuras declaradas terroristas.

Según Zambrano, los nombres permanecerán temporalmente bajo reserva mientras las instituciones encargadas de seguridad preparan las operaciones correspondientes.

UN RÉGIMEN ESPECIAL EN LAS CÁRCELES

Una de las medidas anunciadas apunta directamente al sistema penitenciario. Zambrano informó que se prepara una reforma para establecer controles especiales de comunicación para integrantes de organizaciones declaradas terroristas y privados de libertad considerados de alta peligrosidad.

El planteamiento busca impedir, según explicó, que las estructuras criminales continúen coordinando actividades desde los centros penitenciarios.

También se propone que personas procesadas por su presunta vinculación con estas organizaciones puedan permanecer en módulos de máxima seguridad mientras cumplen prisión preventiva, aun cuando todavía no exista una sentencia firme.

Esta última medida requerirá desarrollo legal y deberá aplicarse dentro de las garantías correspondientes a las personas que se encuentran sometidas a proceso y no han sido condenadas.

JUECES Y FISCALES PARA CASOS DE TERRORISMO

Otro cambio será la creación de un circuito especializado para conocer los procesos relacionados con terrorismo.

El esquema anunciado contempla jueces, magistrados de apelación y fiscales especializados, además de mecanismos especiales de seguridad para los funcionarios que conozcan estos expedientes.

Esto supone que la declaratoria no quedaría únicamente en una nueva clasificación de determinadas organizaciones criminales, sino que estaría acompañada por una estructura judicial destinada específicamente a procesar estos casos.

ACTIVAN LA AGENCIA NACIONAL CONTRA EL CRIMEN

El CNDS también aprobó el reglamento de la Agencia Nacional contra el Crimen (ANC), que tendrá la tarea de coordinar a instituciones policiales, militares, de inteligencia y de justicia.

Zambrano informó que el coronel Julio Alberto Ruiz Cerrato fue designado como coordinador o director de la agencia.

La intención es concentrar información y coordinar operaciones entre instituciones que hasta ahora desarrollan distintas funciones de prevención, inteligencia, investigación y persecución penal.

MÁS POLICÍAS Y MILITARES

La estrategia incluye también reforzar la presencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, además de ampliar las capacidades de unidades especializadas.

Según lo anunciado por Zambrano, se buscarán recursos para vehículos, chalecos, armas, drones y otras tecnologías destinadas a los cuerpos de seguridad.

El presidente del Congreso señaló que el Legislativo apoyará las reformas y asignaciones presupuestarias que sean necesarias, pero anticipó que solicitará informes para conocer los resultados de las nuevas medidas.

ESTADO DE EXCEPCIÓN QUEDA FUERA, POR AHORA

La decisión supone además un cambio respecto de una de las alternativas discutidas durante los últimos días. El presidente Asfura había confirmado el 14 de septiembre que se estudiaba la posibilidad de aplicar un estado de excepción focalizado en municipios o departamentos con mayores problemas de inseguridad.

Tras la reunión del CNDS, Zambrano señaló que por ahora no considera necesario recurrir a esa figura y planteó que las nuevas herramientas legales permitirán actuar contra las organizaciones criminales.

El alcance de la estrategia dependerá ahora de varios pasos todavía pendientes: la identificación oficial de las tres organizaciones, las reformas necesarias para el régimen penitenciario, la puesta en funcionamiento de los circuitos judiciales y la capacidad de la Agencia Nacional contra el Crimen para coordinar instituciones que tienen competencias distintas.