El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) acordó declarar como asociaciones terroristas a tres estructuras criminales que operan en Honduras, una decisión que abre una nueva etapa en la estrategia estatal contra el crimen organizado.

La determinación fue adoptada durante la reunión celebrada la noche del 18 de septiembre en Casa Presidencial, encabezada por el presidente Nasry Asfura y con participación de autoridades de los poderes del Estado y del sistema de seguridad y justicia.

Hasta la mañana de este sábado, las informaciones divulgadas confirman que maras y pandillas están comprendidas en la decisión, pero todavía no se había difundido oficialmente la identificación completa de las tres estructuras específicas alcanzadas por la declaratoria.

QUÉ CAMBIA CON LA DECLARATORIA

La decisión tiene como antecedente el Decreto 84-2026, publicado en La Gaceta el 22 de mayo, que reformó el Código Penal y amplió la regulación sobre asociaciones terroristas.

La normativa contempla dentro de esa figura a estructuras criminales organizadas nacionales o transnacionales, incluidas maras o pandillas y determinadas estructuras vinculadas al narcotráfico o secuestro, cuando concurran las condiciones establecidas por la ley. Además, otorgó al CNDS la facultad de determinar cuándo una organización criminal será considerada organización terrorista.

La reforma establece penas de 15 a 20 años de prisión para directivos, promotores y financistas, mientras los integrantes pueden enfrentar entre 10 y 15 años, además de las multas previstas legalmente.

ESTADO DE EXCEPCIÓN QUEDA PENDIENTE

La reunión también ocurrió después de que la Secretaría de Seguridad planteara aplicar un estado de excepción focalizado en zonas con alta concentración de violencia, pero los reportes posteriores al encuentro indican que este asunto no fue abordado con la misma profundidad y no se informó de una decisión definitiva.

Antes de la reunión, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras reconoció la gravedad de delitos como extorsiones, homicidios y desplazamiento forzado, pero pidió que cualquier respuesta estatal, incluidas medidas excepcionales, se aplique respetando los estándares internacionales de derechos humanos.

El siguiente paso será conocer qué tres organizaciones quedan específicamente bajo la declaratoria, cómo se formalizará la decisión y qué cambios operativos y judiciales implicará su aplicación.