El dirigente del sector del transporte, Wilmer Cálix, ha expresado su preocupación por la situación de extorsión que afecta a la flota de autobuses que operan en Tegucigalpa, la capital de Honduras.

La flota afectada por el pago del llamado ‘aguinaldo’ a grupos organizados está compuesta por aproximadamente 76 unidades de autobuses que operan en Tegucigalpa.

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Según Cálix, una nueva organización criminal está exigiendo un pago por extorsión, el cual se suma a los alrededor de cinco pagos ya existentes por este flagelo.

Entre 30 mil y 40 mil personas son las que utilizan esa ruta de 76 unidades. Cálix enfatizó que las rutas de transporte que operan en Tegucigalpa y San Pedro Sula lo hacen porque pagan la extorsión, no porque esta haya terminado.

A pesar de reconocer los esfuerzos de la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa para capturar a los extorsionadores, Cálix critica que las autoridades encargadas de la judicialización no realizan grandes esfuerzos para evitar la liberación de los sospechosos.

Ante esta situación, Cálix instó al Congreso Nacional y a las instituciones correspondientes a ampliar las facultades del estado de excepción vigente desde el 6 de diciembre de 2023, así como aprobar y hacer cumplir reformas destinadas a combatir la extorsión.

Según el último informe de la Secretaría de Seguridad, de enero a diciembre de 2023, la Policía Nacional ha impedido el pago de L56,717,000 por extorsión mediante distintas acciones para proteger a los diversos sectores afectados por este problema.

La situación planteada por Wilmer Cálix refleja la gravedad de la extorsión en el sector del transporte en Tegucigalpa, y la necesidad de acciones efectivas para combatir este problema que afecta a miles de usuarios y trabajadores del transporte público.

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