El Ministerio Público, en el marco de la Operación Némesis V, presentó acción de privación de dominio en contra de los bienes del extraditado ex comisionado general director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares alias “El Tigre Bonilla”.

Se trata de una residencia en Lomas de Toncontín de Comayagüela, Francisco Morazán, una hacienda de 50 manzanas equivalente a 350 mil metros cuadrados en la aldea Las Ánimas, Danlí, El Paraíso, un lote de terreno en Ciudad Jardín, Choloma, Cortés, tres vehículos de lujo y nueve cuentas bancarias, que de acuerdo a las diligencias de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UFADPOL) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) no tienen licita procedencia.

En total, sobre diez millones seiscientos ochenta y nueve mil ciento un lempiras con 47 centavos (L.10,689,101.47) Juan Carlos Bonilla Valladares no pudo acreditar una naturaleza o causa justificada, existiendo una incongruencia financiera y patrimonial con respecto a los ingresos que percibió en los últimos siete años de su carrera policial, periodo en investigación, motivo por el cual ante un juez de privación definitiva de dominio de bienes de origen ilícito se peticionaron las medidas de aseguramiento e incautación respectivas.

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Por otra parte, como parte de Némesis V, la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEPMUJER) de Tegucigalpa presentará 95 requerimientos fiscales por violencia de género, entre los que figuran las causas penales a instruir en contra del diputado Mauricio Orlando Rivera López y en contra del ex asesor presidencial Marvin Ponce Sauceda, luego de contar con los elementos de convicción suficientes de la existencia de responsabilidad de los investigados.

En el caso del actual parlamentario se le presume autor de los delitos de violencia contra la mujer, trato degradante, coacción y daños en perjuicio de la delegada presidencial del programa Cuidad Mujer, Tatiana Isabel Lara Pineda y el patrimonio (un inmueble), de forma respectiva, tras hechos notoriamente conocidos que protagonizó a inicios de mayo; mientras que al exconsejero de la pasada administración gubernamental se le supone responsable del delito de violencia contra la mujer en perjuicio de una periodista víctima de ataques en redes sociales el pasado 19 de marzo.

De su lado, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), en coordinación con la ATIC, busca desarticular una red que operó en el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y de la cual se pondrá en conocimiento su modus operandi y de colusión ante los juzgados anticorrupción.

En la Operación Némesis V, adicionalmente, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) continuará diligencias y tomas de declaraciones en seguimiento a Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) que estarían ligadas a supuestos desvíos de fondos públicos en la gestión anterior.

Además, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEF-SJ) y la ATIC se mantienen en el juzgado de letras seccional de La Ceiba, donde investigan a personal judicial por falsificación de documentos públicos, en virtud de haberse extendido cartas de libertad a varios imputados sin haber sido dictadas por un juez, así como sentencias de patria potestad y divorcios.

En Némesis V, también, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural (FEPETNIASPC) acusará por el delito de expolio de zona arqueológica a dos personas particulares que afectaron el sitio arqueológico Las Pintadas, Concepción de María, Choluteca, asimismo requerimiento fiscal por lesiones a una menor indígena lenca e inspecciones en comunidades garífunas de Tela, Atlántida y en inmuebles protegidos en el departamento de La Paz.

A nivel general, con labores lideradas por todas las Fiscalías Especiales, Regionales y Locales, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), la ATIC y otras dependencias, se sigue dando respuesta a las denuncias de la población, cumpliendo a cabalidad con el mandato legal y constitucional para el cual fue creado el Ministerio Público.