La segunda etapa del juicio político contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, continuó este martes en el Congreso Nacional, donde ambos son señalados por presuntas irregularidades y omisiones durante el proceso electoral de noviembre de 2025.

Durante la jornada, la comisión especial escuchó a los primeros testigos, entre ellos un empleado activo del CNE, quien expuso anomalías que —según su versión— se registraron en la elaboración y manejo del material electoral.

Técnico del CNE denuncia posible riesgo en diseños de actas

El primer compareciente fue Marco Noé Martínez, técnico a cargo de proyectos relacionados con documentos electorales y credenciales. En su testimonio, relató que durante la fase de impresión del material detectó una situación irregular vinculada al resguardo de actas de cierre.

Martínez explicó que uno de los diseñadores almacenó en una memoria USB la totalidad de las actas electorales a nivel nacional, cuando, según los protocolos, solo debían incluirse archivos específicos. Afirmó que al advertir el error solicitó el dispositivo, pero este fue retirado sin autorización por otra persona.

“Cuando revisé la memoria me di cuenta de que contenía todas las actas de cierre. Luego, de forma indebida, la memoria fue sustraída y entregada a otra diseñadora”, declaró ante la comisión.

El testigo aseguró que cuenta con un video que evidenciaría el momento en que la USB fue retirada, y afirmó que la situación generó preocupación por una posible clonación de documentos electorales, lo que hubiese comprometido la integridad del proceso.

“Si ese material llegaba a otra imprenta, las actas podían reproducirse de forma exacta”, advirtió.

Exdirector electoral señala boicot interno

Posteriormente, rindió testimonio Eduardo Fuentes, actual comisionado de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), quien anteriormente se desempeñó como director electoral del CNE.

Fuentes acusó directamente al entonces consejero Marlon Ochoa de obstaculizar el desarrollo normal del proceso electoral, señalando que su ausencia prolongada en las sesiones del pleno, así como su negativa a firmar la declaratoria oficial de resultados, afectaron la institucionalidad del organismo.

“Hubo un boicot evidente. Ocurrieron hechos que no deberían repetirse en ningún sistema democrático”, sostuvo, al tiempo que lamentó que las tensiones políticas llevaran a debilitar el funcionamiento del ente electoral.

Aunque reconoció que el atraso en el cronograma tuvo múltiples responsables, Fuentes afirmó que las directrices clave provenían del despacho de Ochoa.

El proceso de juicio político continúa bajo atención pública, mientras el Congreso Nacional evalúa los testimonios y pruebas para determinar si existió incumplimiento grave de funciones por parte de los señalados.