Por: Diana Vayona

Cada 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental nos invita a hablar de autocuidado, amor propio, resiliencia y gestión de las emociones. Pero hay una pregunta que deberíamos hacernos con más frecuencia: ¿de quién es la responsabilidad de cuidar nuestra salud mental?, ¿es una deuda individual o también del Estado?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es un estado de bienestar que nos permite afrontar el estrés de la vida, desarrollar nuestras capacidades, aprender, trabajar y contribuir a nuestra comunidad. Sin embargo, la propia OMS reconoce que está influida por factores personales, familiares, sociales y económicos, entre ellos la pobreza, la violencia y la desigualdad.

Entonces, ¿por qué seguimos hablando de salud mental como si todo dependiera de nuestra capacidad individual para gestionar lo que sentimos?

No cuestiono la importancia de la terapia, el autocuidado o la responsabilidad personal. Cuestiono que reduzcamos el bienestar a una lista de hábitos individuales, como si todas las personas tuviéramos las mismas oportunidades y condiciones para ponerlos en práctica.

Pensemos en Honduras. El Banco Mundial estima que en 2025 el 43,1 % de la población vivía por debajo de una línea internacional de pobreza de 8,30 dólares diarios por persona, ajustada por poder adquisitivo. Detrás de ese porcentaje hay personas que enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas, familias preocupadas por la alimentación, trabajadores con empleos precarios y hogares donde llegar a fin de mes se convierte en una fuente permanente de incertidumbre.

La pobreza no convierte automáticamente a una persona en alguien con un trastorno mental, pero puede aumentar su exposición al estrés y a otros factores de riesgo. ¿Cómo hablamos de tranquilidad emocional sin hablar de seguridad alimentaria, empleo digno, vivienda y acceso a servicios de salud?

También está la violencia. Cuando caminar por el barrio implica miedo, cuando los espacios públicos no son seguros o cuando las personas deben abandonar sus comunidades por falta de oportunidades o por amenazas, la convivencia se transforma. Se limita la participación, se debilitan los vínculos y se pierde parte de esa confianza que necesitamos para vivir en comunidad.

Desde una perspectiva psicosocial, la salud mental no puede comprenderse únicamente desde el individuo. Necesitamos redes de apoyo, espacios públicos accesibles, actividades culturales y deportivas, comunidades que puedan organizarse y oportunidades reales para participar en las decisiones que afectan nuestras vidas.

La desigualdad y la exclusión también importan. No todas las personas tienen el mismo acceso a atención psicológica, tiempo para descansar, recursos para cuidar de sí mismas o redes familiares que las sostengan en momentos difíciles.

Por eso, además de preguntarnos qué estamos haciendo para cuidar nuestras emociones, debemos preguntarnos qué están haciendo el Estado, las instituciones, las empresas y la sociedad para construir condiciones de vida que favorezcan el bienestar.

¿Tenemos suficientes servicios públicos de salud mental? ¿Estamos previniendo la violencia? ¿Garantizamos oportunidades, protección social y espacios de convivencia? ¿Estamos construyendo comunidades donde las personas puedan sentirse seguras, acompañadas y escuchadas?

La responsabilidad individual existe, pero no puede sustituir la responsabilidad colectiva. La resiliencia puede ayudarnos a afrontar la adversidad, pero no debería convertirse en una exigencia para soportar indefinidamente condiciones injustas.

Este 10 de octubre, hablemos de salud mental, sí. Pero hablemos también de pobreza, desigualdad, violencia, derechos y políticas públicas.

Porque no basta con enseñar a las personas a gestionar su sufrimiento si no estamos dispuestos a cuestionar las condiciones que lo producen o lo profundizan.

La salud mental también es una cuestión de justicia social. Y garantizar las condiciones para cuidarla no puede ser solamente una deuda individual: es una responsabilidad colectiva y una obligación del Estado.

Sobre el autor: Diana Vayona es Master en Gestión de Desarrollo con Orientación Psicosocial Licenciada en Periodismo Especialista en Comunicación para el Desarrollo.