Por: Carmelo Rizzo

Las malas herencias no se anuncian en cadena nacional. No se celebran. No se votan. Simplemente aparecen cuando el poder cambia de manos. Eso ocurrió forzadamente en 2009. Y vuelve a ocurrir, pero democráticamente en 2026. No se trata de comparar gobiernos por defecto o afecto. Se trata de identificar un patrón que, cuando se repite, condena el futuro: la combinación de orfandad económica y desequilibrio político, normalmente disfrazada por discursos, campañas emocionales y promesas que nunca explican el punto de partida real.

En 2009, Honduras no adquirió únicamente una crisis política. Adquirió algo más silencioso y duradero: incertidumbre económica. Pasivos sin explicación, compromisos sin respaldo y decisiones sin trazabilidad clara. El país no colapsó ese año. Pagó después. Pagó con crecimiento lento, ajustes silenciosos y una erosión prolongada de la confianza. Pero a esa herencia económica se sumó un error más profundo: el abuso político. En lugar de cerrar cuentas y recomponer instituciones, el poder optó por administrar el conflicto. La política se judicializó. La confrontación sustituyó a la gestión. El Estado dejó de ser un espacio de solución para convertirse en un escenario de disputas permanentes. Ese abuso no trajo estabilidad. Empujó al país hacia un futuro frágil, donde la revancha ocupó el lugar de la reforma y el desgaste reemplazó al consenso. El resultado fue un electorado progresivamente cansado, escéptico y finalmente desencantado, que en 2021 votó más por agotamiento que por convicción plena.

Ese cambio político no resolvió todas las expectativas. Pero produjo algo irreversible: quitó el velo de la ignorancia política. El ciudadano aprendió —a golpes— que las narrativas no pagan deudas, que las promesas no sustituyen la gestión, y que las malas decisiones siempre regresan, aunque cambien los nombres. Ese aprendizaje marcó las elecciones recientes. Tanto en 2021 como en 2025, el marketing político fue determinante. Se vendieron esperanzas, se construyeron relatos, se ofrecieron futuros deseables. Pero no se informó con claridad sobre las malas herencias, ni las recibidas ni las que se estaban dejando.

Hoy, en 2026, el riesgo no es idéntico al de 2009, pero el eco es inquietantemente parecido. No por ideología. Por método. Cuando un gobierno se va sin explicar con precisión: qué deuda deja, qué compromisos siguen vigentes, qué obligaciones quedan diferidas, la herencia no es solo contable. Es institucional. Eso es la orfandad económica: un Estado que recibe el poder sin un estado de cuenta confiable.
Y a esa orfandad se suma el desequilibrio político, porque quien gobierna desde la incertidumbre no gobierna con libertad. Gobierna defensivamente. Negocia desde la debilidad. Pierde tiempo, capital político y margen de maniobra. El daño no se mide en meses. Se manifiesta en 10, 15 o 20 años.

Por eso es legítimo afirmar que la mala herencia de 2009 no solo no fue corregida, sino que fue utilizada como coartada para prolongar una mala administración del Estado. Durante los años posteriores, esa herencia sirvió de justificación para postergar decisiones difíciles, normalizar el déficit y evitar una rendición de cuentas real. No se enfrentó el problema de fondo: se convivió con él. En 2021, lejos de cerrarse el ciclo, la situación se agravó. La promesa de cambio no vino acompañada de un saneamiento estructural suficiente, y la deuda continuó creciendo hasta desembocar en una carga total cercana a los US$17.8 mil millones hacia 2026. Ese resultado no es producto de un solo gobierno. Es la consecuencia de una cadena de malísimas administraciones, de distintos signos políticos, que prefirieron administrar la herencia antes que resolverla.

Por eso, el nuevo gobierno —ya en posición— tiene una responsabilidad que va más allá de la administración cotidiana: romper el ciclo. No repetir la lógica de patear los problemas. No normalizar la opacidad como herencia aceptable. No volver a confundir relato con rendición de cuentas. La experiencia regional es clara. Argentina, Bolivia y Ecuador no colapsaron por falta de elecciones. Colapsaron por políticas desviadas que erosionaron reglas, balances y límites. La democracia, sin frenos institucionales, no garantiza estabilidad. Aquí la diferencia aún es posible: con reglas fiscales claras, con auditorías públicas y comparables, con información abierta que no dependa del humor del gobernante, con asistencia técnica internacional —incluida la de Estados Unidos— orientada a fortalecer instituciones, no a maquillar cifras. No se trata de tutela externa. Se trata de responsabilidad interna.

Una república madura no se mide solo por cómo vota. Se mide por cómo limita el poder que elige. El poder es efímero. Los resultados permanecen. Y las malas herencias, si no se enfrentan a tiempo, siempre se cobran con intereses. 2009 dejó una fractura que costó años. 2021 sacudió al elector.
2026 tiene la formidable oportunidad de corregir la historia. — AMC