• DEPAT solicita a la Municipalidad de Tela convocar un cabildo abierto para abordar el conflicto territorial.
• La situación de terceros propietarios requiere procedimientos legales que respeten el debido proceso y las sentencias internacionales.

La organización Defensores de la Paz en Tela (DEPAT) denunció presuntas amenazas, desplazamientos de familias, ocupaciones de propiedades y destrucción de cultivos en distintas comunidades de la Bahía de Tela, Atlántida, en medio de las disputas territoriales relacionadas con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de comunidades garífunas.

Mediante un pronunciamiento fechado en octubre de 2026, DEPAT señaló a determinados dirigentes y activistas garífunas como presuntos responsables de acciones que, según la organización, afectan a pobladores no garífunas que aseguran tener décadas de residir en la zona.

El documento sostiene que las tensiones han aumentado durante las últimas semanas y advierte sobre el riesgo de que las disputas por la propiedad de la tierra generen nuevos enfrentamientos.

DENUNCIAN DESPLAZAMIENTOS

DEPAT afirma que en la comunidad de Triunfo de la Cruz y sectores cercanos se estarían produciendo desplazamientos selectivos de habitantes no garífunas.

Según el pronunciamiento, algunas familias tienen antecedentes de residencia de más de 100 años y temen perder sus viviendas y terrenos.

La organización denuncia presuntas ocupaciones de propiedades y sostiene que ninguna persona debería ser expulsada mediante amenazas o acciones de fuerza, aun cuando existan sentencias internacionales relacionadas con la restitución territorial.

También cuestiona la situación del denominado lote A-1, que identifica como un sector habitado por pobladores no garífunas.

ADVIERTEN SOBRE CONFLICTOS EN SAN JUAN

El documento señala supuestas amenazas contra residentes de El Paraíso, Las Brisas, Municipal, 4 de Enero, Nuevo San Juan, Flores del Faresio, Villa Linda y Kilómetro 4.

DEPAT afirma que varios de estos sectores aparecen en el mapa relacionado con la sentencia internacional sobre la comunidad garífuna de San Juan.

La organización sostiene que existen propietarios y familias con derechos que deben ser considerados durante la ejecución de las resoluciones internacionales.

Por ello, plantea que cualquier proceso de recuperación territorial debe desarrollarse mediante procedimientos legales y con intervención de las autoridades competentes.

DEPAT también denuncia presuntas ocupaciones y daños a propiedades agrícolas que atribuye a integrantes del Patronato de Tornabé.

Entre los casos mencionados figura el de un adulto mayor que, según el comunicado, desarrollaba un proyecto de producción de mazapán y cuya finca habría resultado afectada.

La organización considera que estos hechos generan incertidumbre para los productores y habitantes de la zona. Estas acusaciones corresponden a la versión de DEPAT y requieren investigación para determinar su veracidad y las posibles responsabilidades.

PIDEN CABILDO ABIERTO A LA MUNICIPALIDAD

Ante el conflicto, DEPAT solicitó a la Corporación Municipal de Tela convocar un cabildo abierto con participación de los sectores involucrados.

La organización considera necesario discutir la situación de las propiedades, las garantías de los habitantes y las medidas que permitan prevenir enfrentamientos.

Asimismo, llamó a los pobladores a organizarse para defender sus derechos por las vías correspondientes.

¿QUÉ DICEN LAS SENTENCIAS?

Las disputas territoriales tienen como antecedentes dos decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconocen derechos colectivos de comunidades garífunas y establecen obligaciones para el Estado hondureño.

El 8 de octubre de 2015, la Corte IDH declaró responsable a Honduras por vulneraciones al derecho de propiedad colectiva de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz.

La sentencia ordenó adoptar medidas para garantizar los derechos territoriales de la comunidad, incluida la demarcación de sus tierras y la atención de los problemas relacionados con la ocupación y protección de su territorio.

El 29 de agosto de 2023, la Corte IDH también declaró responsable al Estado hondureño por violaciones a los derechos territoriales de la comunidad garífuna de San Juan.

Entre las medidas de reparación se encuentra la restitución territorial. La sentencia contempla, bajo las condiciones establecidas por el tribunal, la posibilidad de otorgar tierras alternativas o una indemnización a la comunidad cuando corresponda.

¿QUÉ PASA CON LOS TERCEROS PROPIETARIOS?

Uno de los aspectos más sensibles es la situación de personas que poseen terrenos, viviendas o inversiones dentro de las áreas reclamadas.

Las sentencias internacionales reconocen los derechos colectivos de las comunidades garífunas, pero las controversias concretas sobre propiedades de particulares deben atenderse mediante los procedimientos legales correspondientes.

Esto significa que la ejecución de las resoluciones requiere coordinación entre instituciones estatales, respeto al debido proceso y evaluación de los derechos que puedan alegar terceros.

DEPAT sostiene que el cumplimiento de las sentencias no debe utilizarse como justificación para desalojos mediante amenazas o acciones violentas.

El desafío para las autoridades será avanzar en el cumplimiento de las decisiones internacionales, investigar las denuncias de violencia y resolver las controversias de propiedad sin vulnerar los derechos de las personas involucradas.