La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) denunció que el gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, estaría cooperando con el grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN) en operaciones de narcotráfico dirigidas hacia territorio estadounidense.

Las declaraciones fueron realizadas por Anne Milgram, administradora de la DEA, quien respaldó las acusaciones formuladas por el agente especial Jack Cole, señalando que existe evidencia de colaboración entre funcionarios venezolanos y estructuras del ELN para facilitar el transporte de cargamentos de droga, especialmente cocaína, hacia Estados Unidos.

Según Cole, esta alianza transnacional representa una amenaza directa a la seguridad estadounidense y forma parte de una red más amplia de tráfico que involucra rutas aéreas y marítimas desde Venezuela hacia Centroamérica y el Caribe.

Contexto: medidas del gobierno de Trump

Estas acusaciones surgen en el marco de las acciones emprendidas por el gobierno del expresidente Donald Trump, quien durante su mandato impulsó una estrategia de presión internacional para frenar el flujo de drogas provenientes de América Latina. Entre las medidas adoptadas se incluyeron sanciones económicas, operativos antinarcóticos en el Caribe y el fortalecimiento de alianzas con gobiernos de la región.

La denuncia de la DEA podría intensificar las tensiones entre Washington y Caracas, en un momento en que las relaciones bilaterales ya se encuentran deterioradas. El gobierno de Maduro ha negado en reiteradas ocasiones cualquier vínculo con organizaciones criminales, calificando este tipo de acusaciones como parte de una “campaña de desprestigio” promovida por Estados Unidos.

La DEA aseguró que continuará investigando las rutas del narcotráfico y los actores involucrados, y que se están coordinando acciones con agencias internacionales para desmantelar las redes que operan desde Venezuela con apoyo del ELN.

Este nuevo señalamiento refuerza las preocupaciones sobre el papel de actores estatales en el tráfico de drogas y podría tener repercusiones en futuras decisiones de política exterior y seguridad regional.