La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó este miércoles que al menos cuatro bufetes de abogados han sido identificados en investigaciones por presuntos fraudes millonarios cometidos contra el Estado mediante embargos ilegales, exhortos falsificados y la manipulación del sistema judicial.

El procurador general, Dagoberto Aspra, detalló que el Ministerio Público ya maneja líneas de investigación avanzadas sobre estas estructuras. Aunque evitó calificarlas como mafias, reconoció la gravedad de los hallazgos.

“No quiero calificarlos de mafias ni de estructuras criminales, pero será el Ministerio Público el que determine qué tipo de acciones han cometido, porque sí hay investigaciones”, afirmó.

Exhortos falsificados y embargos sin demandas

Aspra reveló que fiscales detectaron exhortos falsos enviados a la Tesorería General de la República, utilizados para ejecutar embargos sin que existieran demandas judiciales.

“Ni siquiera había una demanda. Falsificaron el exhorto, el documento con el que embargaron las cuentas del Estado. Miren la gravedad de las cosas”, subrayó.

Las jurisdicciones con mayor incidencia de estos patrones irregulares son Choluteca, La Ceiba y Juticalpa, donde se repiten demandas que, según el procurador, evidencian “dolo, manipulación e instrumentalización de la justicia a favor de terceros”.

Además, confirmó que cuatro agentes de la PGR fueron remitidos al Ministerio Público por omisión y negligencia en la defensa del Estado.

Colegio de Abogados: “Esto daña gravemente al gremio”

El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, calificó la denuncia como “muy seria” y respaldó la necesidad de una investigación profunda.

“Así como se habló de cuatro bufetes, eso es una minoría. Son pequeños grupos que lamentablemente se han coludido, y aquí hay que decirlo con claridad, también con funcionarios”, señaló.

Solórzano advirtió sobre prácticas irregulares detectadas en los últimos años, entre ellas:

• Homologación de acuerdos previos al cierre del gobierno anterior, incluyendo reajustes salariales por periodos prescritos.
• Acuerdos conciliatorios fraudulentos en municipalidades por supuestos reajustes al salario mínimo.
• Abusos en procesos laborales, donde algunos procuradores no se presentan o prolongan los casos por años.
• Compra de demandas laborales, donde abogados pagan al trabajador sus prestaciones y luego utilizan el caso como “inversión”.

“Es momento de ponernos los pantalones y señalar a esas personas. Si no, este será un ciclo repetitivo cada cuatro años”, advirtió.

76 alcaldías paralizadas por embargos

En paralelo, el vicepresidente de la AMHON, Naum Cálix, informó que al menos 76 municipalidades enfrentan una parálisis financiera debido a demandas laborales y embargos judiciales que han bloqueado sus transferencias del gobierno central.

La situación impide ejecutar obras públicas y afecta servicios básicos, especialmente en municipios que dependen casi por completo de los fondos estatales.
La mayoría de estos casos se originan en despidos injustificados durante transiciones de gobierno y en el incumplimiento de contratos previos.

Ante la crisis, se propone incluir un capítulo municipal en el decreto de emergencia fiscal para liberar recursos y estabilizar las finanzas locales. También se plantea reformar la Ley de Municipalidades y fortalecer el rol del Tribunal Superior de Cuentas para prevenir futuras deudas.