Estados Unidos mantendrá a Nicaragua como el país centroamericano con los requisitos económicos más drásticos para el trámite de visados temporales, al elevar hasta a 20.000 dólares el monto máximo de la fianza requerida para obtener permisos de turismo y negocios (B1/B2).

La medida, publicada por el Departamento de Estado en el Registro Federal, faculta a los funcionarios consulares a fijar depósitos obligatorios de 10.000, 15.000 o 20.000 dólares, evaluando el riesgo migratorio individual de cada solicitante antes de autorizar la emisión del documento.

Nicaragua figura dentro de un programa piloto de aproximadamente 50 naciones elegidas por Washington para endurecer sus políticas migratorias.

Lea además: Nicaragua en la lista de países a los que EE UU exigirá fianza de hasta $15,000 para visas de turismo

Nicaragua en lista negra global

En el ámbito continental, el país centroamericano comparte esta exigencia con Cuba, Venezuela y Granada, mientras que la lista global abarca a varios Estados de África occidental y oriental, como Nigeria o Etiopía.

El mecanismo contempla que el dinero quede bajo el resguardo de los departamentos del Tesoro y de Estado.

La garantía solo se reembolsará si el beneficiario abandona el territorio estadounidense dentro del plazo estipulado por su autorización de ingreso.

Con este esquema, la Administración de Donald Trump busca frenar el fenómeno de los visitantes que extienden su estadía de forma indocumentada tras el vencimiento de sus visados temporales.

Desplome de emisión de visas

El programa piloto ha mostrado impactos inmediatos en el flujo de viajeros. Durante su primer año de vigencia, la autoridad identificó unas 20.000 solicitudes sujetas a garantía financiera.

La mitad de los aspirantes prefirió desistir del trámite por el alto costo, provocando un desplome del 83 % en la emisión de visas B1/B2 para las naciones involucradas.

Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y colectivos de migrantes han rechazado el requisito.

Muchos consideran que la imposición de depósitos elevados constituye un muro económico desproporcionado que frena el acceso a las vías legales de viaje, castigando especialmente a ciudadanos de países golpeados por severas crisis socioeconómicas.