Una investigación administrativa en curso ha sacado a la luz un esquema de cobros indebidos que involucra a funcionarios públicos que continuaron percibiendo salarios del Estado hondureño pese a encontrarse fuera del país o sin ejercer sus funciones laborales.

El hallazgo, confirmado por la Comisión Liquidadora encargada de la transición institucional, revela lo que sus integrantes describen como una práctica generalizada y no como incidentes esporádicos.

Según informó el abogado Leonel Núñez, miembro del organismo, entre los casos detectados figuran personas que residen desde hace meses en naciones como México, España y Estados Unidos, pero que mantenían sus nombres activos en las nóminas gubernamentales con depósitos salariales regulares.

«Resulta desconcertante que algunos de estos individuos hayan tenido la audacia de contactar para consultar cuándo se les liquidarán sus prestaciones», manifestó Núñez, al describir la reacción de ciertos implicados ante el proceso de revisión.

Citaciones obligatorias y consecuencias por inasistencia

Como parte del procedimiento de depuración, la Comisión Liquidadora emitió convocatorias formales para que los empleados señalados se presenten este lunes y martes en sus respectivas dependencias. El propósito es notificarles de manera oficial sobre su situación administrativa y dar inicio a los trámites correspondientes.

La postura del organismo es clara: la incomparecencia ante la citación tendrá como consecuencia la terminación del vínculo laboral sin derecho a indemnización alguna.

«Quienes no acudan a la convocatoria serán dados de baja sin prestaciones. Esta medida aplica tanto para quienes residen en el extranjero como para aquellos que abandonaron sus puestos sin causa justificada», enfatizó Núñez.

Mecanismos irregulares identificados

La investigación preliminar detectó patrones repetitivos en el manejo de personal:

Estos hallazgos sugieren fallas estructurales en los sistemas de control de asistencia y gestión de recursos humanos dentro de la administración pública.

Garantías para trabajadores en regla

Pese al tono firme de las medidas adoptadas, el representante de la Comisión Liquidadora aclaró que el proceso no busca vulnerar derechos adquiridos. Por el contrario, se ha establecido un canal para que quienes acrediten documentadamente su situación legal reciban las prestaciones que les correspondan.

«Todo empleado que cumpla con los requisitos normativos y presente la documentación pertinente recibirá su liquidación conforme a la ley. No se trata de negar derechos, sino de frenar el drenaje injustificado de fondos públicos», precisó Núñez.

Impacto fiscal y debate sobre transparencia

El escándalo reaviva la discusión sobre los mecanismos de fiscalización en el sector público hondureño. Analistas en gestión estatal señalan que prácticas como las detectadas no solo representan un perjuicio económico inmediato, sino que erosionan la confianza ciudadana en las instituciones.

Estimaciones preliminares sugieren que el monto total de pagos irregulares podría ascender a cifras significativas, aunque la Comisión Liquidadora aún no ha divulgado un balance financiero definitivo.

Expertos recomiendan:

• Implementar sistemas biométricos o digitales para registro de asistencia
• Fortalecer auditorías internas con carácter sorpresivo
• Establecer sanciones ejemplares para disuadir futuras irregularidades
• Promover la transparencia mediante portales de datos abiertos sobre nóminas estatales

Próximos pasos del proceso

La Comisión Liquidadora anunció que continuará con la revisión de expedientes en otras instituciones del Estado, lo que podría derivar en nuevos hallazgos. Asimismo, se coordinará con órganos de control como la Contraloría General de la República y el Ministerio Público para determinar si existen responsabilidades penales derivadas de estos hechos.

«Nuestro compromiso es con la legalidad y con el uso eficiente de los recursos que pertenecen a todos los hondureños. La depuración que estamos realizando es un paso necesario para reconstruir la confianza en la gestión pública», concluyó Núñez.