Un insólito caso de autosecuestro quedó al descubierto en las últimas horas en Tegucigalpa, luego de que agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) localizaran a un ingeniero de 42 años que había fingido su propia privación de libertad para, presuntamente, escapar de su esposa.

De acuerdo con el informe policial, familiares de Guillermo Danilo Solano García, de 42 años, denunciaron ante las autoridades que el hombre había sido secuestrado el pasado 23 de junio cuando se dirigía a realizar diligencias personales.

Según la versión inicial, supuestos individuos armados, identificados como presuntos pandilleros, interceptaron y privaron de libertad al profesional, lo que activó de inmediato los protocolos de búsqueda e investigación de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS).

Lo encontraron viendo el Mundial

Tras varios días de investigaciones y labores de rastreo, los agentes lograron ubicar a Solano García en una vivienda de la residencial Los Robles, en Tegucigalpa, donde se encontraba sano y salvo, observando un partido de la Copa Mundial 2026.

Las investigaciones determinaron además que, durante los días en que permaneció oculto, el hombre envió mensajes de WhatsApp a su esposa exigiendo el pago de 40 mil lempiras como supuesto rescate.

«Solo quería unos días de paz»

Según revelaron las autoridades, el propio hombre admitió que nunca fue víctima de un secuestro y que había planeado toda la situación porque deseaba alejarse temporalmente de su pareja sentimental.

«Mediante técnicas especiales lograron localizarlo sano y salvo en la misma residencial, manifestando que no estaba secuestrado y que él mismo había planificado todo porque ya no quería estar con su pareja sentimental y quería unos días de paz», indicó la DPI en su informe.

Enfrentará cargos

Tras confirmarse el autosecuestro, Guillermo Danilo Solano García fue remitido ante el Ministerio Público para que responda por el delito de simulación de infracción inexistente.

La legislación hondureña establece que este delito puede ser sancionado con penas de seis meses a un año de prisión o con 60 a 90 días de trabajos de utilidad pública, cuando una persona denuncia o hace creer falsamente la comisión de un delito.