Tras la exitosa captura de “Diablo” y “Tan”, 2 de los criminales más escurridizos y peligrosos que permanecían prófugos de la justicia tica, el Gobierno de Costa Rica anunció un paquete de reformas a la Ley General de Policía.

La propuesta, anunciada por la presidenta Laura Fernández, busca adaptar los rangos de corte militar en los cuerpos de seguridad civil para dotar de mayor coherencia y unidad a sus fuerzas ante el deterioro de la seguridad nacional.

La histórica operación contra los capos contó con la participación directa de una agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la única mujer integrada en el Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT).

Nueva pirámide de mando

La iniciativa del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) sustituirá la nomenclatura actual por una estructura tradicional.

La pirámide de mando se dividirá en tres niveles: escala básica (raso, cabo y sargento de Policía), oficiales ejecutivos (subteniente, teniente y capitán de policía) y oficiales superiores (mayor, teniente coronel y coronel de policía).

Para respetar la abolición del ejército decretada hace décadas, la norma exige que cada rango lleve obligatoriamente el sufijo “de policía”, manteniendo su carácter estrictamente civil.

De mano blanda a mano dura

El proyecto eleva la exigencia profesional: los directores deberán ostentar como mínimo el grado de teniente coronel y los subdirectores el de mayor, ambos con título universitario y 15 años de experiencia.

Los ascensos se realizarán por concurso de oposición y méritos.

En cuanto al uso de la fuerza, la ley mantiene los dispositivos no letales como primera opción y las armas de fuego como último recurso.

Sin embargo, las autoridades destacaron el impacto positivo de la medida vigente desde octubre de 2024, que autorizó a los agentes a emplear armas largas y automáticas como los fusiles AR-15 y M-16 para combatir al narcotráfico.