La confrontación entre el Gobierno de Costa Rica y el Poder Judicial alcanzó un nuevo nivel este viernes, luego de que la presidenta Laura Fernández calificara de “golpistas” a los magistrados de la Corte Suprema, en medio de una creciente disputa por decisiones relacionadas con el funcionamiento del sistema judicial.

Durante un mensaje dirigido al país, la mandataria cuestionó duramente a los integrantes de la máxima instancia judicial, al sostener que han asumido atribuciones que, según su interpretación, no les corresponden dentro del marco constitucional.

El enfrentamiento se agudizó después de que la Corte Suprema decidiera extender el período de los magistrados suplentes, cuyos nombramientos habían vencido meses atrás. La medida fue adoptada para evitar que el sistema judicial quedara sin el personal necesario mientras la Asamblea Legislativa concreta la elección de los nuevos jueces.

La decisión también incrementó la presión sobre el Congreso costarricense, al que corresponde nombrar a los magistrados a partir de la nómina propuesta por la propia Corte.

El conflicto entre ambos poderes del Estado no es nuevo. La actual administración ha promovido una reforma al sistema judicial que, según especialistas y sectores de oposición, podría afectar la independencia de los tribunales. Desde el Ejecutivo, en cambio, se sostiene que los cambios buscan hacer más eficiente la justicia y enfrentar con mayor firmeza el crecimiento del crimen organizado.

En respuesta, magistrados y dirigentes opositores han advertido sobre un posible debilitamiento institucional. Entre las principales críticas figura la reducción de recursos para el Poder Judicial, una medida que, afirman, comprometería su capacidad de funcionamiento.

La tensión política también tiene antecedentes en el gobierno del expresidente Rodrigo Chaves, actual ministro y principal aliado político de Fernández, quien durante su mandato mantuvo constantes diferencias con el Poder Judicial.

Con este nuevo intercambio de acusaciones, el choque entre el Ejecutivo y la Corte Suprema continúa profundizando el debate sobre la independencia de los poderes del Estado y el rumbo institucional de Costa Rica.