El expresidente venezolano Nicolás Maduro expresó su apoyo a cualquier vía de diálogo en un mensaje difundido en sus redes sociales el domingo, a pocos días de una primera reunión presencial entre delegados del gobierno interino y sectores opositores respaldados por Estados Unidos, programada para la próxima semana en Caracas.

Maduro, de 63 años, y su esposa Cilia Flores, de 69, fueron detenidos en enero durante una operación militar estadounidense y permanecen recluidos en una prisión de Brooklyn, acusados de delitos relacionados con narcotráfico y armas. Ambos rechazan las acusaciones y sostienen que fueron secuestrados; Maduro se ha referido públicamente a su situación como la de “prisionero de guerra”.

Tras la caída del mandatario de izquierda, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina y dirige el Ejecutivo bajo la presión de Estados Unidos, que impulsa este proceso de conversaciones con la posibilidad de avanzar hacia un calendario electoral en Venezuela.

En el mensaje publicado en su canal de Telegram, Maduro llamó a buscar un “renacer nacional” basado en el respeto y la inclusión, y saludó cualquier iniciativa de diálogo que contribuya a la paz y la convivencia entre los venezolanos. En esa plataforma, además, se mantiene un conteo diario de los días desde lo que él califica como su secuestro y se comparten pronunciamientos en fechas patrias.

Las delegaciones del gobierno interino de Rodríguez y de un bloque opositor apoyado por Washington confirmaron que se reunirán presencialmente la próxima semana. La principal figura opositora, la premio Nobel de la Paz María Corina Machado, no participará en este primer encuentro aunque ha afirmado que no entorpecerá el proceso. Entre los temas agendados están la atención al doble sismo del 24 de junio, el refuerzo de la democracia y garantías políticas y de derechos.

Por otra parte, un tribunal federal en Nueva York fijó el inicio del juicio contra Maduro y Flores para el 1 de junio de 2027. En abril, el Departamento del Tesoro de EE. UU. autorizó el pago de los honorarios legales para la defensa de la pareja, una excepción respecto a previas restricciones impuestas por sanciones.