** El extitular del Legislativo vive en España y fue visto en El Salvador

El Ministerio Público (MP) presentó formalmente un requerimiento fiscal contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo Guifarro, así como contra 12 excongresistas y actuales diputados, y un exfuncionario del Poder Ejecutivo.

La acción judicial responde a las investigaciones por la crisis poselectoral de 2025 que puso en riesgo la estabilidad democrática del país. El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte, confirmó que el documento fue recibido la mañana de este martes 20 de octubre de 2026, detallando que se imputan 21 delitos a un total de 14 personas.

Para dirigir este proceso penal, la magistrada Anny Belinda Ochoa ha sido designada oficialmente como jueza natural del caso.

La acusación fiscal detalla delitos específicos para los principales liderazgos de la entonces Comisión Permanente del Congreso Nacional.

                                                                     PERTURBACION ILÍCITA

El expresidente del Legislativo, Luis Redondo Guifarro, quien no logró la reelección como diputado, enfrenta cargos por la presunta comisión de perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios.

Por su parte, la actual diputada Luz Angélica Smith es imputada por falsedad en documentos públicos, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios.

Asimismo, en el ámbito del Poder Ejecutivo, el exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Edis Antonio Moncada, fue acusado de tres cargos por violación de los deberes de los funcionarios.

El resto de los implicados en el requerimiento fiscal son acusados uniformemente por el delito de usurpación de funciones debido a sus actuaciones en el citado cuerpo legislativo.

Entre los actuales congresistas señalados bajo este cargo se encuentran Hugo Noé Pino, Fabricio Carbajal -conocido como Fabricio Sandoval-, Edgardo Casaña, Scherly Arriaga y Kritza Pérez.

                                                                ABARCA EXCONGRESISTAS

El requerimiento también abarca a un grupo de excongresistas compuesto por Juan Barahona, Carlos Raudales, Karen Vanessa Martínez, Silvia Ayala, Linda Donaire y Osmán Danilo Chávez.

De acuerdo con las investigaciones del ente acusador del Estado, las acciones ilícitas de la Comisión Permanente al mando de Redondo se remontan a 2023, cuando nombraron de forma interina al fiscal general Johel Zelaya, quien fue cesado este año mediante un juicio político.

No obstante, la crisis principal estalló tras la clausura de las sesiones ordinarias de 2025, luego de la apabullante derrota electoral del entonces partido de gobierno, Libertad y Refundación (Libre).

La comisión pretendió suplantar las funciones del pleno legislativo y del órgano electoral constitucional al convocar a una sesión extraordinaria para imponer un conteo «voto por voto», buscando revertir de forma ilegal la declaratoria oficial de unos resultados que no les favorecían.

El paradero y las reacciones de los acusados han sido diversas, tras confirmarse que decidieron no presentarse a las citaciones previas de la Fiscalía. Luis Redondo, quien no consiguió ser reelegido por la ciudadanía y evadió una citación previa como testigo en el caso de corrupción Sedesol, reside actualmente en España y fue captado recientemente de vacaciones en El Salvador.

Por el contrario, el actual diputado Fabricio Sandoval se apersonó a la sede de la Corte Suprema para presentar un escrito de comparecencia voluntaria, afirmando que rechaza los cargos y que «el que nada debe, nada teme».

En una línea similar, el exdiputado Osman Chávez aseguró tener la conciencia tranquila y estar dispuesto a viajar para responder al proceso, al tiempo que atribuyó la denuncia penal a un presunto resentimiento de las exdiputadas Fátima Mena y Maribel Espinoza.