Pobladores de El Merendón piden al Congreso certeza sobre sus propiedades ante nueva delimitación
Pobladores de comunidades ubicadas en los alrededores de la Zona de Reserva de El Merendón esperan que el Congreso Nacional garantice la seguridad jurídica de viviendas, terrenos y otras propiedades cuando conozca la nueva delimitación preparada por el Instituto de Conservación Forestal (ICF).
Los habitantes aseguran que respaldan la protección del bosque y de las fuentes de agua, pero consideran necesario terminar con décadas de incertidumbre provocadas por los límites establecidos originalmente mediante el Decreto 46-90, aprobado en 1990.
La expectativa está puesta en la delimitación técnica realizada durante 2025 y en su posterior discusión en el Congreso Nacional.
Piden un mensaje de tranquilidad al Congreso
Representantes comunitarios solicitaron al presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, aclarar qué garantías tendrán los propietarios cuando sean definidos legalmente los nuevos límites.
Entre sus principales preocupaciones están las dificultades que durante años han enfrentado algunas familias para escriturar terrenos, obtener préstamos bancarios y desarrollar proyectos de infraestructura y servicios públicos.
Las inquietudes alcanzan sectores como Cofradía, El Zapotal, Armenta, El Retiro, Los Pinos y Las Delicias del Norte.
Más de 100 mil habitantes podrían salir del limbo jurídico
El Decreto 46-90 estableció aproximadamente 395 kilómetros cuadrados bajo protección en la Cordillera de El Merendón. Sin embargo, los pobladores argumentan que las referencias utilizadas hace 36 años dejaron zonas con límites imprecisos.
Posteriormente, el Decreto 58-2024 ordenó redefinir la reserva tomando como referencia los límites originales y utilizando coordenadas y verificaciones de campo.
De acuerdo con información citada durante el actual proceso, más de 100 mil habitantes podrían beneficiarse de una definición más precisa de los límites, especialmente en sectores de Armenta, El Zapotal, Primavera y Cofradía.
Los pobladores insisten en que no buscan reducir la protección ambiental ni permitir nuevas urbanizaciones dentro del bosque. Su petición es establecer claramente dónde termina la reserva y dónde comienzan las comunidades consolidadas.
La decisión final quedará en manos del Congreso una vez concluido el proceso técnico y remitida la propuesta correspondiente.
