Lima (EFE).- El juez supremo Juan Carlos Checkley renovó la orden de ubicación y captura de la ex primera ministra Betssy Chávez, condenada a 11 años y 5 meses de cárcel por su presunta participación en el fallido intento de golpe del expresidente Pedro Castillo en 2022, a pesar de haber recibido el asilo diplomático de México y estar ya en ese país, de acuerdo a la resolución difundida este sábado en Lima.

El magistrado tomó esa decisión para ejecutar la sentencia de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, del pasado 4 de diciembre de 2025, que ordenó la ubicación y captura de Chávez para que cumpla la condena de prisión efectiva como coautora del delito de conspiración para una rebelión en contra del Estado peruano.

La resolución judicial, publicada por medios locales, fue emitida el pasado 14 de agosto, una semana después de que Chávez recibió el salvoconducto que le permitió abandonar la residencia de la embajada de México en Lima y viajar a esa nación en una nave militar.

Checkley solicitó que se cumpla con la renovación periódica de las órdenes de ubicación y captura a nivel nacional e internacional contra Chávez; además que se comunique esta decisión a la Oficina de Requisitorias Distrital de Lima de la Policía Nacional y a la Oficina Central Nacional de Interpol Lima.

El abogado de la ex primera ministra, Raúl Noblecilla, criticó la resolución judicial y añadió que su captura no será posible porque está bajo el asilo diplomático otorgado por México, según un mensaje compartido en su cuenta de la red social X.

«Puede renovar oficios cuantas veces quiera señor Checkley, pero lo que no puede es renovar la burda mentira de que la jurisdicción peruana está por encima de la soberanía de México y del Derecho Internacional», indicó Noblecilla.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la reanudación de las relaciones diplomáticas con Perú después de que el Gobierno de la mandataria derechista Keiko Fujimori otorgó el salvoconducto a Chávez para que pueda viajar a su país.

«Con esto se van a restablecer las relaciones con Perú», afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, en la que calificó la decisión del Gobierno de Fujimori como una acción de «buena voluntad» hacia México.

Chávez permanecía desde noviembre de 2025 en la residencia de la Embajada mexicana en Lima después de que México le concediera asilo diplomático, una decisión que llevó al entonces Gobierno peruano a romper las relaciones diplomáticas con México.

La ex primera ministra fue posteriormente condenada a 11 años y cinco meses de prisión como coautora de conspiración para una rebelión por el fallido intento de Castillo de disolver el Congreso.