La aprobación de las reformas al subsector eléctrico en Honduras representa un avance necesario y largamente postergado, pero resulta insuficiente por sí sola para resolver la crisis estructural del sistema.

Así lo manifestó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), advirtiendo que el verdadero desafío para el país comienza ahora con la reglamentación y la puesta en marcha de la nueva normativa.

El sector privado puso en cifras la magnitud del problema al detallar que Honduras arrastra pérdidas anuales de 15,000 millones de lempiras en su red eléctrica.

Esta millonaria fuga financiera no solo encarece los recibos de luz que pagan las familias, sino que desangra los recursos del Estado, restando presupuesto crítico que debería destinarse a equipar hospitales públicos y reparar escuelas en abandono.

AUDITARÁ REFORMA

Para garantizar que los cambios legislativos no se queden en el papel, la cúpula empresarial anunció que auditará la implementación de la reforma bajo tres parámetros estrictos basados en el servicio, la tarifa y la transparencia.

En primer lugar, exigirán un suministro continuo y confiable que erradique los racionamientos de la vida diaria. En segundo lugar, buscarán tarifas justas, asegurando que la reducción de pérdidas se refleje en el precio que pagan los hogares, los pequeños comercios y los productores.

Asimismo, demandarán transparencia absoluta para que las compras de energía, la regulación del mercado y los contratos suscritos sean públicos y sometidos a auditorías.

El Cohep enfatizó que su postura no busca blindar un modelo económico en particular, sino exigir resultados tangibles centrados en que la electricidad llegue a todos, no se corte y sea pagable.

Para la organización, el foco prioritario es atraer inversiones capaces de generar energía estable y empleo formal, permitiendo que las empresas operen sin el temor constante a los apagones.

La cúpula empresarial concluyó que la ley por sí sola no enciende ningún bombillo, por lo que el éxito real dependerá exclusivamente de la capacidad institucional para ejecutarla.