** Empresa mantiene propiedad de todas las centrales hidroeléctricas y operará a través de tres nuevas subsidiarias sin subastar ningún activo

** Toda nueva compra de energía deberá realizarse mediante licitaciones públicas competitivas, priorizando el mecanismo de subasta inversa

** Prohibición de aumentar las tarifas durante seis meses a partir de la entrada en vigencia de la ley

El Congreso Nacional aprobó oficialmente anoche la Ley de Justicia Energética, que consta de 37 artículos, en base al dictamen del Partido Liberal que sustituyó el proyecto original del Poder Ejecutivo, conteniendo un paquete de reformas estructurales al subsector eléctrico que transforma el modelo de operación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

La normativa, que se consolidó tras sustituir el proyecto original por una propuesta de consenso, redefine la administración de la estatal eléctrica sin ceder el control de sus activos públicos y priorizando la transparencia en el mercado energético.

La sesión legislativa comenzó alrededor de las 8:00 de la noche con la lectura del dictamen original por parte del presidente de la Comisión de Energía, Milton Puerto, quien destacó que el proyecto inicial había sido socializado previamente con diferentes sectores sociales.

BLINDAJES LEGALES

Sin embargo, la agenda tomó un giro definitivo cuando el jefe de la bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, presentó una contrapropuesta integral de 16 puntos elaborada en consulta con expertos nacionales e internacionales, según afirmó.

La propuesta alternativa de Cálix modificó el rumbo del debate al introducir blindajes legales estrictos para el patrimonio público. Entre las medidas aprobadas, destaca la obligación de que la ENEE mantenga la propiedad de todas las centrales hidroeléctricas y opere a través de sus nuevas subsidiarias sin subastar ningún activo.

Asimismo, la normativa incorpora un fuerte componente de alivio económico, ya que manda la condonación total de deudas eléctricas a familias vulnerables con consumos menores a 200 kilovatios.

Igualmente, ordena la condonación de deudas por consumo eléctrico a los municipios clasificados como tipo C y D, y promueve la conciliación de saldos con las alcaldías A y B.

Es decir que la ley introdujo el esquema financiero estricto para saldar las cuentas institucionales pendientes. Esto incluye una instrucción directa para que las municipalidades de categoría A y B inicien procesos de conciliación obligatoria con la estatal, buscando balances financieros positivos que estabilicen el flujo de caja de la ENEE.

En el ámbito de la transparencia, la reforma prohíbe de forma tajante las contrataciones directas de energía, estableciendo que toda nueva compra de energía deberá realizarse mediante licitaciones públicas competitivas, priorizando el mecanismo de subasta inversa para romper con un rezago de casi 20 años sin procesos públicos de este tipo.

Con esta herramienta de mercado, el gobierno proyecta atraer inversión privada para la infraestructura de soporte y asegurar tarifas más accesibles para la población y el sector productivo.

NO AUMENTAR TARIFAS

Uno de los puntos clave de la normativa es que se estipula una prohibición de aumentar la tarifa eléctrica al consumidor durante seis meses a partir de la entrada en vigencia de la ley. El Poder Ejecutivo podrá prorrogar el congelamiento por otros seis meses.

Asimismo, la Transformación de la ENEE. La estatal eléctrica no será privatizada, según el texto, sino transformada en la empresa ENEE Matriz que mantendrá la propiedad de los activos estratégicos. De ella se desprenderán tres empresas subsidiarias: ENEE Generación, ENEE Transmisión, ENEE Distribución, con posibilidad de dividirla o crear subsidiarias regionales.

Las tres serían sociedades anónimas unipersonales, pero el Estado conservará el 100 % de las acciones a través de ENEE Matriz.

La separación será jurídica, administrativa, operativa, financiera y contable, mientras que los activos continuarán siendo propiedad de ENEE Matriz y serán entregados a las subsidiarias para su administración, operación y mantenimiento, sin transferencia de dominio.

Al final de la lectura de los 37 artículos, pasadas las 11:00 de la noche, se le dio el uso de la palabra a la diputada Angelica Smith, en representación del Partido Libertad y Refundación, expresando la absoluta oposición de su colectivo a la normativa.

MAYORÍA CALIFICADA

Luego el jefe de la bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, hizo dos agregados en el sentido de dejarse claramente establecido un artículo que para cualquier proceso de enajenación del carácter público de la estatal electica debe aprobarse mediante una mayoría calificada de 96 votos legislativos y que debe haber veedores en los procesos de la empresa.

Cuando el diputado nacionalista Milton Puerto, jefe de la Comisión de Energía, hacía unas consideraciones finales, ante de someterse a aprobación el proyecto de decreto, según el dictamen aprobado, el diputado de Libre por Valle, Josué Fabricio Carbajal Sandoval, insistía en tratar de alterar la sesión sonando un pito, ante lo cual el presidente Tomás Zambrano, anunció que se le deduciría la mitad del salario de este mes.

Momentos antes el congresista de Libre por el departamento de El Paraíso, John Milton García, arrancó el micrófono de su curul como gesto de protesta por la aprobación de la Ley de Justicia Energética.

Finalmente, la ley fue aprobada con el voto favorable de 78 congresistas, 49 del Partido Nacional y 29 liberales y entra en vigencia desde el día de su publicación en el diario oficial La Gaceta.

Objetivos generales de la reforma eléctrica:

1. Modernización y eficiencia: Actualizar la estructura y funcionamiento del sector eléctrico, adoptando mejores prácticas internacionales y reorganizando la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en empresas subsidiarias de generación, transmisión y distribución, todas bajo propiedad estatal.
2. Sostenibilidad financiera: Reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, mejorar la gestión financiera de la ENEE y aliviar la carga sobre las finanzas públicas.
3. Acceso y calidad: Garantizar un servicio eléctrico confiable, de calidad y con tarifas justas, priorizando la cobertura nacional y la protección de los usuarios vulnerables.
4. Transparencia y gobernanza: Fortalecer la independencia y capacidades de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y del Operador del Sistema y del Mercado (OSM), asegurando procesos de licitación públicos y transparentes.
5. Competitividad y atracción de inversiones: Promover la competencia, la inversión privada responsable y la innovación tecnológica bajo un marco regulatorio claro y transparente.
6. Integración regional: Armonizar la regulación nacional con la del Mercado Eléctrico Regional de América Central.

Objetivos Específicos (según el texto legal)

• Suministrar la demanda eléctrica al mínimo costo económico.
• Promover la operación económica, segura y confiable del sistema eléctrico y el uso eficiente de la electricidad.
• Racionalizar el uso de los recursos energéticos del país.
• Proteger los derechos de los usuarios bajo criterios de igualdad y equidad.
• Impedir prácticas desleales o abuso de posición dominante en el mercado.
• Promover la competitividad de los mercados de producción y demanda de electricidad para asegurar el suministro a largo plazo.
• Fomentar la inversión privada en las actividades reguladas.

Medidas Complementarias

• Prohibición temporal de incremento de tarifas para proteger a los consumidores.
• Condonación de deudas para usuarios residenciales de bajo consumo y municipalidades.
• Creación de un Fondo Social de Desarrollo Eléctrico para electrificación de interés social.
• Impulso a la transición energética y la innovación mediante bancos de pruebas regulatorios.

En resumen, la reforma busca un sector eléctrico más moderno, eficiente, transparente y sostenible, con énfasis en la protección social, la inversión y la mejora de la calidad del servicio para todos los hondureños.