El conflicto entre el Colegio Médico de Honduras y la Secretaría de Salud continúa sin resolverse. Mientras el Gobierno asegura que más del 95 % de los profesionales ya recibió su salario, el gremio mantiene las medidas de presión por los pagos pendientes.

Tegucigalpa, Honduras.— Las asambleas informativas del gremio médico entraron este lunes 12 de octubre en su sexta semana consecutiva, prolongando un conflicto laboral que mantiene bajo presión los servicios de salud pública en diferentes regiones del país.

Las acciones comenzaron el pasado 7 de septiembre como una medida para exigir el cumplimiento de obligaciones salariales y otros compromisos laborales.

Pese a los avances anunciados por la Secretaría de Salud (Sesal), el Colegio Médico de Honduras (CMH) mantiene las asambleas, al considerar que todavía existen situaciones pendientes de resolver.

La prolongación del conflicto genera preocupación entre los pacientes que dependen de los hospitales y centros asistenciales públicos, particularmente quienes necesitan consultas especializadas y seguimiento médico.

La Secretaría de Salud sostiene que ha logrado avanzar significativamente en el cumplimiento de los pagos.

Según la institución, más del 95 % de los médicos, en sus diferentes modalidades de contratación, ya recibió su remuneración.

Sin embargo, esa cifra no significa que todas las obligaciones hayan sido canceladas, por lo que todavía es necesario determinar cuántos profesionales permanecen pendientes de pago y cuáles son los períodos adeudados.

La diferencia entre los reportes oficiales y los reclamos del gremio se ha convertido en uno de los principales puntos del conflicto.

El Colegio Médico sostiene que las asambleas responden a la necesidad de garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de sus agremiados.

La continuidad de las acciones refleja que los avances anunciados por la Sesal todavía no han sido suficientes para cerrar las diferencias con los representantes de los profesionales.

El conflicto también plantea la necesidad de establecer mecanismos que eviten nuevos retrasos salariales y permitan dar seguimiento a los compromisos adquiridos por las autoridades sanitarias.

Uno de los principales efectos de las asambleas informativas es la incertidumbre que generan entre los usuarios del sistema público de salud.

Las interrupciones o modificaciones de las consultas programadas pueden representar dificultades para pacientes que deben trasladarse desde comunidades alejadas, asumir gastos de transporte o esperar durante semanas para recibir atención especializada.

Por ello, además de resolver los pagos pendientes, las autoridades deberán establecer cómo se garantizará la continuidad de los servicios y la atención de las citas que puedan resultar afectadas.

No se dispone de un balance actualizado que permita cuantificar las consultas suspendidas durante las seis semanas de conflicto.

El principal desafío será conciliar las cifras de pago presentadas por la Secretaría de Salud con los reclamos que todavía mantiene el Colegio Médico.

También será necesario determinar si existen otros compromisos laborales pendientes y establecer un mecanismo de verificación que permita confirmar su cumplimiento.

Mientras no se alcance una solución aceptada por las partes, el conflicto podría continuar afectando la programación de servicios en los establecimientos de salud pública.

La situación pone de manifiesto un problema que va más allá de los salarios: la necesidad de garantizar estabilidad laboral al personal médico sin comprometer el acceso de la población a los servicios sanitarios.