Una denuncia ciudadana por el cobro de 1,800 lempiras por el lavado de un vehículo llevó a la Dirección General de Protección al Consumidor a inspeccionar dos establecimientos de Tegucigalpa, donde se identificaron irregularidades que podrían derivar en sanciones económicas.

El director de la institución, Danilo Lou, informó que los dos negocios serán citados para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, luego de comprobar incumplimientos relacionados con los mecanismos de atención y reclamo de los consumidores.

La intervención comenzó después de que un ciudadano denunciara en redes sociales su inconformidad con el precio pagado y la calidad del servicio recibido.

Aunque el cobro de L1,800 motivó la inspección, las posibles sanciones estarán relacionadas con las irregularidades detectadas por las autoridades y no automáticamente con el monto cobrado.

¿QUÉ IRREGULARIDADES ENCONTRARON?

Durante la inspección, Protección al Consumidor identificó incumplimientos en el establecimiento denunciado y en otro negocio de lavado de vehículos ubicado a su lado.

Entre las irregularidades señaladas figura la ausencia de un libro de quejas autorizado, herramienta que permite a los clientes dejar constancia formal de sus inconformidades.

Lou explicó que ambos establecimientos deberán comparecer ante la institución para continuar con el procedimiento sancionatorio.

La autoridad determinará las responsabilidades de cada negocio de acuerdo con las pruebas recopiladas y los antecedentes administrativos correspondientes.

¿ES ILEGAL COBRAR L1,800 POR LAVAR UN CARRO?

El precio del servicio fue el origen de la denuncia ciudadana, pero la información proporcionada por Protección al Consumidor no establece que cobrar L1,800 constituya, por sí solo, una infracción.

Para determinar si existió una vulneración a los derechos del consumidor, deben examinarse las condiciones en que se ofreció el servicio, la información proporcionada al cliente y los incumplimientos que puedan comprobarse.

El procedimiento contra los establecimientos continuará independientemente de que el ciudadano presente una denuncia formal por el servicio recibido, según explicó Lou.

¿PUEDE EL CLIENTE RECUPERAR SU DINERO?

El director de Protección al Consumidor indicó que el ciudadano podrá solicitar una revisión de su caso para determinar si corresponde la devolución del dinero u otra medida compensatoria.

Para ello, deberá presentar una reclamación formal acompañada de la factura del servicio y las pruebas que respalden su inconformidad.

Con esa documentación, la institución podrá evaluar las circunstancias de la contratación y determinar si procede alguna compensación conforme a la legislación aplicable.

La devolución de los L1,800 no ha sido ordenada y dependerá del análisis del reclamo.

MULTAS PUEDEN ALCANZAR HASTA 10,000 SALARIOS MÍNIMOS

Lou explicó que las sanciones contempladas para infracciones a los derechos del consumidor pueden oscilar entre uno y 10,000 salarios mínimos.

Sin embargo, aclaró que el monto no se aplica automáticamente, sino que debe determinarse mediante el procedimiento administrativo correspondiente.

Para establecer una eventual multa se tomarán en cuenta las irregularidades comprobadas, las circunstancias particulares de cada establecimiento y sus antecedentes en el registro de infractores.

Por ahora, los dos negocios enfrentarán el proceso administrativo y tendrán que responder por los incumplimientos señalados durante la inspección.

El caso pone de relieve la importancia de que los clientes conozcan las condiciones y el precio de un servicio antes de contratarlo, además de conservar la factura como respaldo ante cualquier inconformidad.

También evidencia la obligación de los establecimientos de disponer de mecanismos formales para recibir reclamos y cumplir con las disposiciones de protección al consumidor.