El Congreso Nacional de Honduras analizará reformas al sistema de justicia juvenil que podrían permitir sanciones más severas contra adolescentes involucrados en delitos graves, incluida la posibilidad de juzgar como adultos a menores vinculados con maras y pandillas, anunció el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano.

Las propuestas surgen tras una visita oficial del titular del Congreso a El Salvador, donde sostuvo reuniones con autoridades legislativas para conocer las medidas de seguridad y las reformas penales impulsadas en ese país.

Zambrano explicó que una de las alternativas consiste en revisar la edad de responsabilidad penal y ampliar los períodos máximos de sanción para adolescentes que cometan delitos relacionados con estructuras criminales.

Sin embargo, aclaró que las iniciativas todavía deben discutirse y que no existe una decisión definitiva sobre posibles modificaciones a la legislación hondureña.

PROPONEN AMPLIAR SANCIONES HASTA 20 AÑOS

El presidente del Congreso señaló que actualmente el límite máximo de sanción aplicable a menores infractores en Honduras es de ocho años, por lo que considera necesario analizar su ampliación.

Entre las posibilidades mencionó establecer períodos de hasta 15 o 20 años para determinados delitos graves.

«Una discusión es revisar y ampliar el número de años que se le puede condenar a un menor de edad. Hoy solo son ocho años», manifestó.

Zambrano también planteó estudiar si los adolescentes involucrados en delitos de terrorismo relacionados con maras y pandillas podrían enfrentar un régimen penal similar al de las personas adultas.

«Hay que discutirlo si cabe una reforma de que los menores de edad que cometen delitos de terrorismo ligados a las maras y pandillas se pudieran juzgar como mayores de edad», expresó.

Estas propuestas requerirían modificaciones legales y un análisis de su compatibilidad con las garantías establecidas para la niñez y adolescencia.

TOMAN COMO REFERENCIA MEDIDAS DE EL SALVADOR

Durante su visita a San Salvador, Zambrano sostuvo un encuentro con el presidente de la Asamblea Legislativa salvadoreña, Ernesto Castro, para intercambiar experiencias sobre seguridad y combate al crimen organizado.

El funcionario hondureño destacó la rigurosidad de las medidas aplicadas en El Salvador y mencionó como referencia el tratamiento judicial de menores desde los 12 años.

«En El Salvador han sido estrictos, han sido rigurosos, y a los menores se puede declarar punible desde los 12 años», afirmó.

No obstante, reconoció que Honduras deberá evaluar sus propias disposiciones constitucionales y los tratados internacionales relacionados con los derechos de la niñez antes de impulsar cambios de esa naturaleza.

La posibilidad de juzgar adolescentes como adultos plantea un debate jurídico sobre la proporcionalidad de las sanciones, la reinserción social y las garantías especiales que deben recibir las personas menores de edad.

DIPUTADOS BUSCAN CONOCER EL CECOT

Como parte de los acercamientos entre ambos congresos, la delegación hondureña también contempla visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una de las principales instalaciones penitenciarias del sistema de seguridad salvadoreño.

El objetivo, según Zambrano, es conocer su infraestructura, los mecanismos de vigilancia y los procedimientos utilizados para mantener bajo custodia a personas consideradas de alta peligrosidad.

La visita permitiría evaluar qué elementos podrían adaptarse al sistema penitenciario hondureño, incluida la construcción de nuevos módulos y centros de reclusión.

El modelo de seguridad de El Salvador ha sido destacado por sus resultados en la reducción de la violencia, aunque también ha recibido cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos por denuncias de detenciones arbitrarias y vulneraciones al debido proceso.

OTRAS REFORMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD

El Congreso hondureño también prevé discutir posibles modificaciones a los procedimientos de investigación y persecución penal.

Entre los planteamientos mencionados por Zambrano figuran ampliar de 24 a 48 horas determinados plazos relacionados con la detención y la presentación del requerimiento fiscal, así como revisar las condiciones para realizar allanamientos sin orden judicial en casos vinculados con organizaciones criminales.

También se estudian restricciones a beneficios penitenciarios y mecanismos para agilizar los procedimientos judiciales.

Estas medidas deberán analizarse conforme a la Constitución y las garantías procesales vigentes.

Por ahora, las propuestas forman parte de una agenda de discusión legislativa y no constituyen reformas aprobadas.