El jefe de bancada del Partido Liberal planteó recluir a integrantes de estructuras criminales rivales en un mismo módulo penitenciario. Sus declaraciones se producen en medio del debate sobre las reformas penales y las medidas de seguridad contra las pandillas en Honduras.

Tegucigalpa, Honduras.— El diputado y jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, generó controversia al proponer que los integrantes de maras y pandillas sean encerrados en un mismo módulo carcelario, sin importar que pertenezcan a organizaciones criminales rivales.

El parlamentario expresó una postura de endurecimiento frente a la delincuencia y aseguró que su principal preocupación es la seguridad de la población hondureña, incluso si la convivencia entre reclusos de grupos enfrentados provoca hechos violentos.

“Yo los metería a todos en el mismo módulo, y si se matan, que se maten, un delincuente menos. A mí no me importan los mareros, a mí no me importan los narcos, a mí me importa la gente”, manifestó Cálix.

Sus declaraciones fueron divulgadas el jueves 15 de octubre, en el contexto de las discusiones sobre las reformas legales dirigidas a combatir a las organizaciones criminales y establecer mayores restricciones dentro de los centros penitenciarios.

PROPONE REUNIR A INTEGRANTES DE PANDILLAS RIVALES

La propuesta del congresista consiste en alojar en un mismo espacio penitenciario a personas vinculadas con distintas estructuras delictivas, en lugar de mantenerlas separadas según su pertenencia a una organización.

Cálix sostuvo que las autoridades deben priorizar la protección de los ciudadanos frente a los grupos responsables de delitos como la extorsión, el narcotráfico y otros hechos violentos.

Sin embargo, su planteamiento abre interrogantes sobre las consecuencias de reunir a integrantes de organizaciones enfrentadas y sobre la responsabilidad de las autoridades penitenciarias de prevenir agresiones y muertes dentro de las cárceles.

Hasta ahora, las declaraciones del diputado representan una posición política y no una decisión oficial sobre la distribución de los privados de libertad.

CÁLIX CONSIDERA QUE HONDURAS TIENE UNA REALIDAD DISTINTA A EL SALVADOR

Durante sus declaraciones, el jefe de bancada liberal también abordó las diferencias entre la situación de seguridad de Honduras y la de El Salvador.

A su criterio, el modelo de seguridad aplicado por el gobierno salvadoreño no puede trasladarse de manera idéntica a Honduras, debido a las características del crimen organizado en ambos países.

Cálix argumentó que las pandillas hondureñas mantienen presencia en distintas regiones del territorio nacional y que el problema se vuelve más complejo por la actividad de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Por ello, consideró necesario adoptar medidas que respondan a las condiciones particulares del país y fortalezcan la capacidad del Estado para enfrentar a las estructuras criminales.

DECLARACIONES SURGEN EN MEDIO DE REFORMAS CONTRA LAS PANDILLAS

El pronunciamiento ocurre mientras el Congreso Nacional mantiene bajo discusión diferentes medidas para endurecer las sanciones contra integrantes de organizaciones criminales.

Entre las disposiciones impulsadas se encuentran cambios al régimen penitenciario, restricciones de comunicación, mayores controles de seguridad y mecanismos para impedir que los privados de libertad continúen coordinando actividades delictivas desde las cárceles.

En declaraciones anteriores, Cálix también había cuestionado la falta de aplicación efectiva de las leyes y solicitado una mayor coordinación entre las instituciones de seguridad y justicia.

El legislador ha insistido en que aprobar reformas no es suficiente si fiscales, jueces y autoridades penitenciarias no garantizan su cumplimiento.

PROPUESTA PLANTEA INTERROGANTES SOBRE LA SEGURIDAD PENITENCIARIA

Aunque las declaraciones de Cálix buscan transmitir una posición de firmeza frente a las estructuras criminales, reunir a integrantes de grupos rivales en un mismo módulo podría aumentar el riesgo de enfrentamientos dentro de los centros penales.

La legislación hondureña y los estándares internacionales de derechos humanos establecen que las personas privadas de libertad permanecen bajo custodia del Estado, que tiene la obligación de proteger su vida e integridad física.

Por esa razón, cualquier modificación al sistema de clasificación y distribución de reclusos debe considerar los riesgos de violencia, las condiciones de seguridad y los mecanismos de vigilancia.

El debate se produce en un momento en que Honduras busca fortalecer el control de sus centros penitenciarios y evitar que las organizaciones criminales mantengan operaciones desde el interior de las prisiones.

Las declaraciones del diputado liberal colocan nuevamente en discusión hasta dónde pueden llegar las medidas de endurecimiento penitenciario y cómo deben conciliarse con las obligaciones legales del Estado.