La Procuraduría General de la República (PGR) trabaja junto al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en una nueva política nacional anticorrupción que el Gobierno espera formalizar después de la sexta revisión del programa económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La estrategia contempla medidas para prevenir irregularidades, recuperar activos y fortalecer los mecanismos de transparencia en las instituciones públicas.

El procurador general, Dagoberto Aspra, explicó que la propuesta será presentada durante la evaluación del organismo internacional, como parte de los avances del país en materia de integridad y fortalecimiento institucional.

La iniciativa todavía no ha sido aprobada mediante decreto ejecutivo, por lo que su aplicación dependerá de las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo.

¿QUÉ CONTEMPLA LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN?

Aspra detalló que la estrategia desarrollada con el CNA incluye varios ejes orientados a mejorar la prevención y el combate de la corrupción.

Entre ellos figuran la transparencia e integridad pública, la recuperación de activos, la prevención y sanción de actos de corrupción y la participación ciudadana.

La propuesta busca establecer una orientación nacional para fortalecer los mecanismos institucionales de control y promover una mayor vigilancia sobre el uso de los recursos públicos.

Sin embargo, todavía no se han divulgado los plazos, las metas de cumplimiento ni los recursos presupuestarios que requerirá su implementación.

FMI CONOCERÁ LOS ALCANCES DE LA ESTRATEGIA

El procurador señaló que la sexta revisión del programa económico será una oportunidad para exponer ante el FMI los avances alcanzados en la elaboración de la política anticorrupción.

Una vez concluida satisfactoriamente esa etapa, la PGR espera que el Ejecutivo formalice la estrategia mediante un decreto PCM.

También se contempla la creación de una mesa técnica que coordine las acciones necesarias para ponerla en práctica.

La aprobación, no obstante, seguirá dependiendo de las autoridades hondureñas y de los procedimientos internos correspondientes.

PROPONEN LEY PARA COMBATIR EL SOBORNO

De manera paralela, la PGR presentó al Poder Ejecutivo una propuesta de Ley de Cumplimiento Antisoborno, que deberá ser estudiada antes de una eventual remisión al Congreso Nacional.

La iniciativa plantea modificaciones a la Ley de Contratación del Estado para fortalecer los controles de auditoría en los procesos de contratación pública.

Asimismo, contempla reformas al Código Penal destinadas a establecer responsabilidad penal para las personas jurídicas.

Este último componente permitiría ampliar el alcance de las disposiciones penales hacia empresas y otras entidades jurídicas, bajo las condiciones que finalmente establezca una eventual reforma.

Por ahora, el proyecto se encuentra en fase de estudio y no constituye una ley vigente.

EL RETO SERÁ PASAR DE LAS PROPUESTAS A SU APLICACIÓN

La elaboración de una política nacional anticorrupción y de una legislación antisoborno representa un paso hacia el fortalecimiento del marco institucional.

Sin embargo, su efectividad dependerá de que las medidas se traduzcan en mecanismos verificables de prevención, fiscalización, investigación y sanción.

También será necesario definir qué instituciones asumirán las responsabilidades, cómo se coordinarán y qué indicadores permitirán evaluar los resultados.

La sexta revisión del FMI marcará una etapa importante para la presentación de la estrategia, pero el desafío central será conseguir su aprobación y garantizar que las reformas produzcan cambios concretos en la gestión de los recursos públicos.