El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que el Poder Legislativo impulsará reformas para endurecer las medidas contra integrantes de maras y pandillas, ampliar los mecanismos de detención y restringir determinados beneficios penitenciarios. También defendió la construcción de una cárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador.

Durante su participación en el programa Frente a Frente, de Televicentro, el titular del Legislativo afirmó que no debe existir un tratamiento privilegiado para personas vinculadas con organizaciones criminales como la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18.

Zambrano descartó cualquier posibilidad de negociación con estas estructuras y anticipó un incremento de las operaciones policiales durante los próximos meses.

CONGRESO BUSCA ENDURECER MEDIDAS CONTRA PANDILLAS

El presidente del Congreso sostuvo que las reformas buscan proporcionar nuevas herramientas a la Policía Nacional para enfrentar a las organizaciones criminales.

Entre las propuestas mencionó ampliar a 48 horas el período de detención de personas capturadas por su presunta vinculación con maras y pandillas.

También planteó restricciones a determinados beneficios de preliberación y medidas especiales en zonas consideradas de alto riesgo.

Otro de los puntos en discusión es el uso de tatuajes asociados con organizaciones criminales como elemento para identificar posibles vínculos con estas estructuras.

Sin embargo, la sola presencia de un tatuaje no demuestra automáticamente la comisión de un delito ni sustituye la necesidad de acreditar responsabilidades mediante los procedimientos legales correspondientes.

Las iniciativas deberán establecer sus alcances y mecanismos de aplicación, respetando las garantías constitucionales.

NUEVA CÁRCEL DE MÁXIMA SEGURIDAD

Zambrano afirmó que el Congreso Nacional ya autorizó la construcción de un establecimiento penitenciario de máxima seguridad y que ahora corresponde al Poder Ejecutivo definir su ubicación y financiamiento.

Según el legislador, el proyecto tendría características similares a las del Cecot salvadoreño, destinado a albergar a personas consideradas de alta peligrosidad.

Entre las posibles ubicaciones mencionó terrenos e instalaciones estatales en el sector de Acequia, Naco, y otros predios cercanos.

No obstante, todavía no se ha confirmado el lugar definitivo, el presupuesto de construcción ni el calendario de ejecución.

El diputado también consideró necesario aumentar el número de agentes de la Policía Nacional, especialmente en las unidades de fuerzas especiales encargadas de combatir el crimen organizado.

REFORMAS ESPERAN OPINIÓN DE LA CORTE SUPREMA

El titular del Legislativo indicó que el Congreso está a la espera del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre las propuestas de reforma penal.

Aclaró que la opinión del Poder Judicial tiene carácter ilustrativo y no vinculante, por lo que los diputados podrán decidir cuáles observaciones incorporar.

Zambrano aseguró que existe la intención de discutir y aprobar las modificaciones para fortalecer la respuesta institucional frente a la criminalidad.

Sin embargo, las propuestas todavía deben completar el procedimiento legislativo correspondiente antes de entrar en vigor.

EL DESAFÍO DE COMBATIR EL CRIMEN SIN VULNERAR DERECHOS

Las reformas planteadas podrían modificar aspectos importantes del sistema de seguridad y justicia, particularmente en materia de detenciones, tratamiento penitenciario y garantías individuales.

La posibilidad de establecer restricciones especiales en determinadas zonas también requerirá definir con precisión sus condiciones legales, duración y mecanismos de supervisión.

Aunque el Congreso sostiene que estas medidas permitirán combatir con mayor eficacia a las estructuras criminales, su aplicación deberá distinguir entre personas investigadas, procesadas y condenadas.

El endurecimiento de las disposiciones penales tampoco sustituye la necesidad de investigaciones sólidas, pruebas suficientes y controles judiciales efectivos.

El Congreso Nacional apuesta por ampliar las facultades de seguridad y fortalecer el régimen penitenciario, mientras permanece pendiente conocer el contenido definitivo de las reformas y las garantías que acompañarán su aplicación.