El abogado Ramiro Medina denunció que durante la última semana se registraron cinco presuntas invasiones de terrenos en Tela, Atlántida, una situación que, según advirtió, está generando incertidumbre jurídica entre los propietarios y desalentando las inversiones en el sector turístico y productivo de la zona.

Medina aseguró que una de las ocupaciones ocurrió en un área productiva, mientras que las otras cuatro se localizaron en sectores de San Juan y Triunfo de la Cruz, comunidades donde persisten conflictos relacionados con la propiedad y los derechos territoriales.

El profesional del derecho cuestionó la respuesta de las instituciones encargadas de atender las denuncias y pidió una intervención para establecer con claridad los límites de las áreas comprendidas en las resoluciones judiciales.

DENUNCIAN OCUPACIONES FUERA DE LOS LÍMITES JUDICIALES

Medina sostuvo que algunas de las propiedades ocupadas se encuentran fuera de los perímetros contemplados en las sentencias relacionadas con los conflictos territoriales de la zona.

A su criterio, esta situación afecta a propietarios particulares y genera nuevas controversias sobre la tenencia de la tierra.

El abogado considera necesario que las autoridades realicen una delimitación precisa de los territorios comprendidos en las resoluciones judiciales y determinen la situación legal de las propiedades en disputa.

Las comunidades garífunas de San Juan y Triunfo de la Cruz cuentan con antecedentes de litigios sobre derechos territoriales que han llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El cumplimiento de esas sentencias exige atender los derechos colectivos reconocidos, así como resolver conforme a derecho las situaciones de terceros que puedan resultar afectados.

ADVIERTEN CONSECUENCIAS PARA EL TURISMO Y LA INVERSIÓN

El abogado señaló que la incertidumbre sobre la propiedad de los terrenos está provocando preocupación entre empresarios interesados en desarrollar proyectos turísticos y otras actividades económicas en Tela.

Según su denuncia, la continuidad de las ocupaciones dificulta la planificación de inversiones y genera dudas sobre la protección jurídica de las propiedades.

Sin embargo, Medina no proporcionó cifras sobre proyectos cancelados, inversiones suspendidas o pérdidas económicas relacionadas con estos hechos.

Por tanto, el impacto financiero señalado constituye una advertencia del profesional y no una pérdida cuantificada.

CUESTIONAN RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES

Medina también criticó la actuación de la Fiscalía, los juzgados y la Policía Nacional, al considerar que no han respondido de manera efectiva a las denuncias presentadas.

Aseguró que la falta de soluciones ha permitido que algunos grupos mantengan las ocupaciones y actúen con una percepción de impunidad.

Como ejemplo, mencionó el caso de un empresario de San Pedro Sula cuya propiedad, según su versión, habría sido ocupada sin autorización y utilizada como cementerio.

La denuncia requiere verificación documental y una respuesta de las autoridades competentes para determinar la situación jurídica del terreno y las circunstancias de su ocupación.

PIDEN UNA SOLUCIÓN QUE RESPETE LOS DERECHOS DE TODAS LAS PARTES

El abogado solicitó que las instituciones estatales intervengan para aclarar los límites territoriales, atender las denuncias y resolver las ocupaciones que, según afirma, se encuentran fuera de las áreas reconocidas en las sentencias.

La situación plantea un desafío para el Estado hondureño: cumplir las resoluciones internacionales sobre los derechos territoriales de las comunidades garífunas y, al mismo tiempo, garantizar el debido proceso y la seguridad jurídica de terceros propietarios.

La delimitación de las tierras y la revisión individual de los conflictos serán fundamentales para establecer qué derechos corresponden a cada parte.