A 21 días de la entrada en vigencia de la Ley de Justicia Energética, el único de sus 42 hitos que se ha cumplido es la sanción de la propia ley. De los demás, uno está en proceso, 20 no han iniciado y de 20 no existe información pública. Así lo muestra el Monitor de la Ley que la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) lanzó este martes, a través de su iniciativa Potencia Honduras.

El monitor ordena en siete ejes cada obligación que establece la ley, desde el arranque de la reforma hasta la rendición de cuentas. Para cada hito muestra el artículo que lo respalda, el plazo máximo mediante el cual debe cumplirse, la institución responsable, su estado y la evidencia disponible.

Cuando la ley no fija una fecha, la plataforma presenta el plazo que propone ASJ y lo señala oportunamente. Además, cada trimestre ASJ comparará el informe oficial del Gobierno con la hoja de ruta qué ellos mismos deben publicar.

La herramienta digital llega en un momento en que el servicio eléctrico no responde a lo que esperan hogares y empresas en el país. Según el Termómetro de País, una encuesta elaborada para ASJ, el 87 % de los usuarios sufre cortes cada semana, y en 2025 los usuarios pasaron en promedio 165 horas sin luz, el peor registro de Centroamérica. Además, 378,920 viviendas esperan recibir energía por primera vez.

Según la Secretaría de Finanzas (SEFIN), entre 2022 y 2025 se transfirieron a la ENEE L 46 000 millones de impuestos que pudieron llegar a escuelas, hospitales y carreteras.

“La ley abre una oportunidad real para tener una ENEE ordenada, despolitizada y que rinda cuentas, pero por sí sola no cambia nada. Lo que el país espera ahora son resultados. Con este monitor, cualquier hondureño podrá ver, hito por hito, si el Gobierno está cumpliendo”, afirmó Edgar Aguilar, especialista en energía de ASJ.

El capítulo hondureño de Transparencia Internacional dará seguimiento a tres ejes centrales. El primero son las pérdidas de energía, que subieron del 33.6 % en 2025 al 34.4 % en el primer semestre de 2026, unos L 50 millones diarios que terminan pagándose con impuestos y deuda.

ASJ propone como meta que la ENEE reduzca sus pérdidas en cinco años al 15 % que reconoce la tarifa. El primer paso sería una reducción de cinco puntos en 2027, que permitiría liberar unos L 2 600 millones al año.

“Si en un año las pérdidas no bajan cinco puntos, el plan fracasó”, advirtió Carlos Hernández, director ejecutivo de ASJ.

El segundo eje es la licitación de potencia y energía, que según la ley debe iniciar a más tardar el 28 de marzo de 2027. Es un plazo decisivo, porque en 2029 saldrá de operación una parte importante de la generación sin que el país tenga contratado su reemplazo.

El tercero son las finanzas de las tres nuevas empresas que nacerán de la ENEE, que con sus propios ingresos podrían sostener apenas una quinta parte de los L 143.8 mil millones que debe la institución.

Para cada eje, ASJ plantea una recomendación concreta. Pide que la ENEE publique un plan de reducción de pérdidas con metas verificables y que el apoyo del Estado se entregue solo contra resultados cumplidos. Propone licitar a tiempo y con garantía de pago, y que la aprobación de los contratos en el Congreso Nacional sea una verificación y no una renegociación.

Además, recomienda que las nuevas empresas nazcan con juntas directivas elegidas por mérito, financiamiento público ligado al desempeño y un plan para el manejo de la deuda histórica, de modo que no vuelvan a cargar sus problemas al presupuesto público.

El Monitor de la Ley de Justicia Energética es una herramienta digital que promueve la transparencia en la implementación de la reforma eléctrica, y está disponible para todos los hondureños en el sitio web de Potencia Honduras,