Túmulos peligrosos tienen los días contados en las carreteras hondureñas
El Congreso Nacional aprobó por unanimidad un decreto que prohíbe instalar túmulos artesanales, tradicionales o no certificados en la red vial primaria de Honduras sin autorización técnica de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
La normativa busca reducir los riesgos de accidentes provocados por reductores de velocidad construidos sin criterios técnicos, algunos de los cuales representan un peligro para conductores y motociclistas.
El diputado Marco Midence, impulsor de la iniciativa, explicó que la propuesta surgió de las preocupaciones expresadas por habitantes de Atlántida ante la proliferación de túmulos improvisados.
¿QUÉ PASARÁ CON LOS TÚMULOS EXISTENTES?
La SIT, en coordinación con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), tendrá un plazo máximo de 12 meses para elaborar un inventario técnico de los reductores instalados en la red vial primaria.
Aquellos que no cumplan los requisitos deberán retirarse o sustituirse progresivamente por dispositivos certificados.
Entre las alternativas figuran cruces peatonales elevados, señalización, reductores normalizados y sistemas electrónicos de control de velocidad.
Los túmulos autorizados también deberán contar con pintura, rótulos visibles y mantenimiento adecuado.
PROTEGERÁN ZONAS ESCOLARES Y COMUNIDADES
Midence aclaró que la regulación debe considerar las necesidades de las comunidades atravesadas por carreteras principales, especialmente donde existen escuelas, centros de salud y zonas comerciales.
En estos sectores podrán evaluarse obras complementarias, como puentes peatonales y otros mecanismos para controlar la velocidad.
REGLAMENTO EN 180 DÍAS
El decreto establece un plazo máximo de 180 días para que el Poder Ejecutivo emita el reglamento correspondiente, con participación de las municipalidades.
La medida no implica eliminar todos los túmulos del país, sino regular los que se encuentran en la red vial primaria y sustituir aquellos que no cumplan las condiciones de seguridad.
La aplicación de las disposiciones dependerá de los procedimientos legales correspondientes y de la emisión del reglamento.
