Los hondureños que enfrenten una amenaza real dentro de sus viviendas, negocios o propiedades podrían contar con una protección jurídica más amplia al defenderse, de aprobarse la reforma al artículo 30 del Código Penal, conocida como ley de Casa Segura.

El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una opinión favorable sobre la iniciativa legislativa que busca ampliar las circunstancias en las que una persona puede quedar exenta de responsabilidad penal por actuar en legítima defensa.

El dictamen fue aprobado durante la sesión iniciada el 20 de octubre de 2026, con la participación de los 15 magistrados, y remitido al Congreso Nacional por el presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo Paredes.

¿EN QUÉ CONSISTE LA LEY DE CASA SEGURA?

La propuesta, presentada por el diputado liberal Alex Berríos, plantea incorporar un nuevo numeral al artículo 30 del Código Penal.

La reforma establece una presunción especial de legítima defensa cuando una persona cause lesiones o la muerte a alguien que haya ingresado ilegalmente, con violencia, clandestinamente o mediante intimidación a una propiedad legítimamente ocupada.

La disposición abarcaría viviendas, establecimientos comerciales, fincas y vehículos ocupados.

Sin embargo, para aplicar esta protección, también deberá existir una amenaza real, actual o inminente contra la vida, la integridad física, la libertad o el patrimonio de quien se defiende o de otras personas presentes.

¿SIGNIFICA QUE SE PODRÁ DISPARAR CONTRA CUALQUIER INTRUSO?

No. La reforma no plantea una autorización automática para causar lesiones o quitar la vida a cualquier persona que ingrese sin permiso a una propiedad.

Aunque la actuación del defensor se presumiría inicialmente lícita, las autoridades deberán investigar las circunstancias del hecho.

La protección podría quedar sin efecto si las pruebas demuestran que existió venganza, simulación, una ejecución o un uso desproporcionado e injustificado de la fuerza.

¿POR QUÉ LA CORTE APOYA LA REFORMA?

En su opinión jurídica, la Corte relacionó la iniciativa con los riesgos derivados de delitos como robos, extorsiones, secuestros e ingresos ilegítimos a propiedades.

El Poder Judicial recomendó aprobar la propuesta en los términos presentados, al considerar necesario fortalecer la protección jurídica de quienes enfrentan agresiones en esas circunstancias.

¿QUÉ FALTA PARA QUE ENTRE EN VIGOR?

El respaldo de la CSJ no significa que la reforma ya sea ley.

El Congreso Nacional deberá continuar el procedimiento legislativo y decidir sobre su aprobación.

Según la iniciativa, la nueva disposición comenzaría a aplicarse 20 días después de su publicación en el diario oficial La Gaceta.

La diferencia fundamental es que Casa Segura ampliaría la presunción de legítima defensa, pero mantendría la obligación de investigar los hechos y determinar si la fuerza utilizada estuvo justificada.