El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, defendió la implementación de un régimen penitenciario más estricto en los centros de máxima seguridad de Honduras, que contempla mantener a los privados de libertad hasta 23 horas y media diarias dentro de sus celdas y restringir sus comunicaciones con el exterior.

El titular del Legislativo aseguró que estas disposiciones buscan impedir que integrantes de estructuras criminales continúen coordinando delitos desde los establecimientos penitenciarios.

“La seguridad del pueblo no se negocia”, expresó Zambrano mediante una publicación en sus redes sociales.

SOLO 30 MINUTOS DIARIOS FUERA DE LAS CELDAS

Entre las medidas planteadas figura que los reclusos permanezcan 23 horas y media al día encerrados, con únicamente 30 minutos para movilizarse.

También se propone limitar la exposición al sol a una hora semanal, como parte de los controles establecidos para los centros de máxima seguridad.

Estas restricciones formarían parte de un régimen especial dirigido a reforzar la vigilancia sobre personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad.

RESTRICCIONES A VISITAS Y COMUNICACIONES

La propuesta contempla controles sobre las visitas, el ingreso de alimentos y dinero, así como medidas para impedir las comunicaciones no autorizadas.

Según Zambrano, el objetivo es evitar que los internos transmitan órdenes a integrantes de organizaciones criminales que operan fuera de las cárceles.

El presidente del Congreso sostuvo que las disposiciones se aplicarían conforme a la legislación hondureña.

SEGURIDAD Y DERECHOS DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

El endurecimiento del régimen penitenciario plantea también la necesidad de garantizar que las restricciones respeten los derechos fundamentales de las personas recluidas.

La aplicación de medidas de aislamiento, limitación de movilidad y reducción del tiempo al aire libre deberá ajustarse a las obligaciones legales y los estándares de derechos humanos aplicables.

Zambrano reiteró que la prioridad es impedir que los centros penitenciarios continúen siendo utilizados para coordinar actividades delictivas.

“No estamos jugando con la paz de las familias hondureñas”, puntualizó.

Aunque el presidente del Congreso defendió las medidas, la información divulgada no precisa si todas las disposiciones ya están vigentes o si requieren nuevas aprobaciones legislativas y reglamentarias.

El siguiente paso será determinar el alcance legal y operativo de las restricciones, así como los mecanismos de supervisión que garanticen su cumplimiento dentro de los centros penitenciarios de máxima seguridad.