Tegucigalpa, 29 de octubre de 2026. La audiencia de declaración de imputados contra los exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional fue suspendida este jueves, luego de que sus abogados presentaran una recusación contra la magistrada Anny Ochoa, designada como jueza natural del proceso.

La defensa argumentó que la funcionaria judicial tendría vínculos políticos con el Partido Nacional y que habría expresado opiniones públicas sobre el expediente, circunstancias que, según los abogados, comprometerían su imparcialidad.

El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Fabricio Sandoval, sostuvo que la afiliación política de Ochoa es de conocimiento público.

Por su parte, el congresista Edgardo Casaña explicó que la recusación deberá ser examinada por un tribunal de alzada, encargado de determinar si la magistrada puede continuar conociendo el expediente.

La exdiputada Silvia Bessy Ayala también cuestionó la objetividad de la jueza. Los señalamientos corresponden a la posición de los imputados y todavía deben ser resueltos judicialmente.

De las 14 personas señaladas en el requerimiento fiscal, 12 acudieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los ausentes fueron el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y el exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Edis Moncada, contra quienes existen órdenes de captura.

Redondo enfrenta acusaciones por presunta usurpación de funciones, perturbación ilícita del funcionamiento de las instituciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios.

En el expediente también figuran la diputada Luz Angélica Smith y otros exintegrantes de la Comisión Permanente, señalados por presuntas irregularidades relacionadas con el ejercicio de funciones legislativas.

¿QUÉ SIGUE EN EL PROCESO?

La continuidad del procedimiento dependerá de la resolución sobre la recusación presentada contra Ochoa.

Si el recurso es rechazado, la magistrada podría continuar conociendo la causa. Si prospera, corresponderá designar a otra autoridad judicial competente.

La suspensión no implica el retiro de las acusaciones ni determina la culpabilidad o inocencia de los imputados, quienes mantienen su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.