Las reformas al Código Penal aprobadas por el Congreso Nacional el 27 de octubre incluyen una disposición conocida como Ley Casa Segura, que amplía los supuestos en los que una persona podrá invocar la presunción de legítima defensa frente a ingresos ilegales o ataques violentos en propiedades privadas.

La modificación al artículo 30 del Código Penal contempla la protección de viviendas, negocios, fincas, vehículos ocupados y otros inmuebles o bienes legítimamente poseídos.

Sin embargo, la nueva disposición no significa que cualquier acto de violencia cometido dentro de una propiedad quede automáticamente justificado.

¿EN QUÉ CASOS SE PODRÁ ALEGAR LEGÍTIMA DEFENSA?

Según el texto aprobado, la presunción de legítima defensa podrá aplicarse cuando una persona ingrese a una propiedad de manera ilegal, violenta, clandestina o mediante intimidación.

Además, deberá existir una amenaza contra el propietario, ocupante u otras personas presentes.

La reforma establece que, cuando concurran las condiciones legales, la actuación defensiva se presumirá inicialmente amparada por una causa que excluye la responsabilidad penal.

Esto representa un cambio en la valoración inicial de determinados hechos ocurridos durante ataques o ingresos violentos a propiedades privadas.

¿QUÉ PROPIEDADES ESTARÁN PROTEGIDAS?

La disposición contempla distintos espacios en los que una persona puede enfrentar una amenaza.

Entre ellos se encuentran las viviendas, establecimientos comerciales, fincas, vehículos ocupados y otras propiedades privadas legítimamente poseídas.

La protección no se limita, por tanto, al interior de una casa de habitación.

No obstante, la aplicación de la norma dependerá de las circunstancias concretas de cada caso y de que se cumplan los requisitos establecidos.

¿SIGNIFICA QUE SE PODRÁ DISPARAR CONTRA CUALQUIER INTRUSO?

No. La reforma no establece una autorización general para atacar o matar a cualquier persona que ingrese a una propiedad.

La presunción de legítima defensa podrá ser descartada cuando las investigaciones demuestren que no existió una amenaza que justificara la reacción.

También podrá desvirtuarse si se determina que la actuación constituyó una ejecución, un acto de venganza, una simulación o un uso desproporcionado e injustificado de la fuerza.

Para ello, las autoridades deberán valorar pruebas objetivas y técnicas relacionadas con los hechos.

¿QUÉ PAPEL TENDRÁN LOS JUECES?

La reforma busca establecer una presunción inicial favorable a quien actúe bajo las condiciones de legítima defensa previstas en la ley.

Sin embargo, corresponderá a las autoridades competentes investigar lo ocurrido y determinar si realmente se cumplieron los requisitos legales.

La disposición forma parte del paquete de reformas penales aprobado por el Congreso Nacional y su aplicación estará vinculada con la entrada en vigor del decreto correspondiente.

La principal diferencia es que la ley presume inicialmente justificada la defensa frente a determinados ataques en propiedades privadas, pero permite descartar esa protección cuando las pruebas demuestren que hubo abuso o que no existió legítima defensa.