El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) abrió una investigación especial sobre presuntas irregularidades en las planillas de la Secretaría de Educación, después de recibir una denuncia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) que señala contrataciones cuestionadas, plazas múltiples y salarios elevados.

El presidente del TSC, Ricardo Montes, confirmó que la institución revisará los hallazgos del informe Planillas en desorden, correspondiente al período 2022-2026, para determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales.

MÁS EMPLEADOS Y MENOS ESTUDIANTES

Según ASJ, Educación incorporó 4,191 empleados entre 2022 y 2026, mientras la matrícula de los centros públicos disminuyó en 87,134 estudiantes.

La organización identificó 366 docentes con cuatro plazas o más y un caso en el que un maestro habría cobrado simultáneamente durante 21 meses en Trujillo y Tegucigalpa.

También reportó que 45 empleados, entre conserjes, guardias y personal administrativo, recibieron salarios mensuales de entre 30,000 y 60,000 lempiras durante 2022 y 2023.

ASISTENCIAS TÉCNICAS BAJO REVISIÓN

Otro hallazgo corresponde al aumento de las asistencias técnicas, que pasaron de 111 en 2022 a 239 en 2026.

La ASJ cuestionó que no se hayan divulgado los resultados de la revisión y cancelación de las plazas que incumplieran los requisitos presupuestarios, cuyo plazo venció en julio.

El informe también identificó 193 docentes con plazas registradas en direcciones departamentales, con un costo mensual estimado de 4.8 millones de lempiras.

EL 85 % DEL PRESUPUESTO SE DESTINÓ A SALARIOS

De acuerdo con el análisis, durante 2025 el 85 % del presupuesto de Educación se destinó al pago de salarios.

La planilla docente representa un gasto mensual de aproximadamente 2,019 millones de lempiras, mientras la organización advierte sobre problemas en la distribución de maestros.

La ASJ recomienda redistribuir el personal según las necesidades de matrícula y verificar que los docentes nombrados para impartir clases cumplan efectivamente esa función.

El TSC deberá contrastar las denuncias con los registros oficiales antes de determinar responsabilidades. La investigación también permitirá establecer si las contrataciones y los pagos cuestionados tenían justificación legal.