El Ministerio Público (MP) avanza en las investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos detectadas durante el proceso de liquidación de instituciones estatales, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Planificación Estratégica, donde se identificaron fondos sin liquidar y posibles deficiencias en la administración del dinero.

– El coordinador de la Comisión Técnica Liquidadora, Ángel Mendoza, informó que los hallazgos fueron remitidos a la Fiscalía y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), mientras los investigadores solicitan documentación adicional para identificar posibles responsables y preparar requerimientos fiscales.

Mendoza explicó que los equipos encargados de revisar la situación administrativa y financiera de las instituciones encontraron recursos cuyo uso no había sido debidamente justificado.

Los resultados fueron documentados en informes que ahora forman parte de las diligencias desarrolladas por los organismos de investigación y fiscalización del Estado.

SEDESOL Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE LAS INSTITUCIONES SEÑALADAS

El coordinador de la Comisión Liquidadora indicó que algunos de los principales hallazgos corresponden a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de Planificación Estratégica.

En estas dependencias, según explicó, se identificaron situaciones relacionadas con fondos pendientes de liquidación y posibles irregularidades en el manejo de los recursos asignados.

En el caso de Sedesol, Mendoza recordó que la administración anterior había denunciado problemas relacionados con la utilización del dinero público y cuestionamientos sobre su destino.

El funcionario sostuvo que los hallazgos deben ser investigados para establecer si existieron actuaciones contrarias a la ley y determinar quiénes tuvieron responsabilidad en la administración de los recursos.

FISCALÍA SOLICITA DOCUMENTACIÓN PARA IDENTIFICAR RESPONSABLES

Mendoza reveló que el Ministerio Público ha remitido varios oficios a la Comisión Liquidadora solicitando información complementaria.

La documentación requerida permitirá conocer los cargos, funciones y niveles de responsabilidad de los funcionarios que participaron en la administración de los fondos investigados.

El objetivo es individualizar posibles responsabilidades y fortalecer las investigaciones antes de presentar acusaciones ante los tribunales.

“Se ha fortalecido la investigación; están requiriendo información para fortalecer estos requerimientos fiscales y presentarlos en las próximas horas”, expresó Mendoza.

Aunque el funcionario anticipó posibles acciones judiciales, no precisó cuántos requerimientos fiscales podrían presentarse ni identificó a los eventuales acusados.

FONDOS SIN LIQUIDAR GENERAN CUESTIONAMIENTOS

Uno de los principales problemas detectados durante la revisión de las instituciones es la existencia de recursos públicos que no cuentan con la documentación necesaria para justificar su utilización.

Mendoza explicó que los funcionarios encargados de administrar fondos estatales tienen la obligación de rendir cuentas sobre el destino del dinero.

La falta de liquidación constituye un hallazgo que requiere investigación para determinar si responde a incumplimientos administrativos o si existen elementos que permitan establecer posibles responsabilidades penales.

Además, la Comisión Liquidadora identificó dificultades relacionadas con la trazabilidad de determinados recursos, es decir, la posibilidad de establecer cómo fueron administrados y cuál fue su destino.

COMISIÓN LIQUIDADORA CUESTIONA PRESUNTOS MALOS MANEJOS

El funcionario calificó de preocupante que se detecten este tipo de situaciones en instituciones públicas, especialmente cuando Honduras enfrenta necesidades de inversión en salud, educación e infraestructura.

Mendoza consideró que los recursos estatales deben administrarse con transparencia y que cualquier irregularidad comprobada debe generar las responsabilidades correspondientes.

También señaló que las investigaciones deben esclarecer si los fondos fueron utilizados conforme a los objetivos para los cuales fueron asignados.

INVESTIGACIONES PODRÍAN DERIVAR EN ACCIONES JUDICIALES

Con los informes remitidos al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas, las autoridades cuentan con documentación para continuar las investigaciones sobre el manejo de los recursos.

La Fiscalía deberá determinar si existen elementos suficientes para presentar requerimientos fiscales contra funcionarios o particulares presuntamente involucrados.

Por su parte, el TSC podrá desarrollar las actuaciones que correspondan dentro de sus competencias de fiscalización y determinación de responsabilidades.

La Comisión Técnica Liquidadora aseguró que continuará proporcionando la información solicitada para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Por ahora, los hallazgos constituyen indicios sujetos a investigación y no representan una determinación definitiva de responsabilidad penal contra personas específicas.